El país recibió evaluaciones positivas por parte de importantes agencias calificadoras de riesgo como Standard & Poor’s y Moody’s, que otorgó a Paraguay el grado de inversión.
Según Fernández, estos resultados no son fruto de medidas aisladas, sino de un trabajo constante durante las últimas dos décadas, basado en una planificación económica coherente y sostenida a lo largo del tiempo.
El ministro destacó el concepto de “Política de Estado” como la clave del éxito económico alcanzado hasta ahora. Explicó que, a lo largo de estos años, se logró un enfoque integral y planificado que fue respetado por diferentes gobiernos, independientemente de la corriente política.
La continuidad en la estrategia económica, basada en el consenso entre técnicos y especialistas, permitió mantener una visión a largo plazo que consolidó la economía paraguaya como una de las más estables de la región.
Si bien hay un reconocimiento en términos macroeconómicos, hay que señalar ciertamente que la población aún no percibe un beneficio de manera directa en su vida diaria y que se espera que esos indicadores económicos positivos se reflejen en mejoras tangibles en la calidad de vida, como mejor empleo, mejoras salariales, y servicios públicos más eficaces.
Este contraste entre la macroeconomía y la realidad cotidiana de los ciudadanos pone en evidencia una de las grandes debilidades de Paraguay: la falta de una verdadera política de Estado en otros sectores clave.
Un problema recurrente en Paraguay es que cada nuevo gobierno tiende a modificar o abandonar los programas y proyectos implementados por la administración anterior, independientemente de su efectividad. Este cambio constante de dirección dificulta el progreso sostenido en áreas fundamentales.
El avance no solo depende de la inversión, sino también de una visión integral y a largo plazo que permita que los proyectos trasciendan los ciclos políticos y las disputas internas dentro de los mismos partidos.
Dentro de este desafío, también se encuentra la necesidad de reformar el Estado. No basta solo con establecer políticas sostenibles, sino también es fundamental reducir la burocracia y eliminar los llamados “planilleros”, aquellos empleados públicos que ocupan cargos sin una función real y que reciben salarios que podrían destinarse a profesionales más capacitados que realmente aporten al desarrollo del país. Una reforma en este sentido permitiría una administración pública más eficiente orientada a resultados.
Así como en el ámbito económico Paraguay logró cierta estabilidad, el reto ahora está en replicar ese éxito en otras áreas esenciales sensibles como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura.
Si se pretende que el país logre alcanzar un desarrollo integral, se deberá trabajar en políticas de Estado reales que mejoren la administración pública. Solo así podremos pensar en que tendremos un futuro con crecimiento sostenido y bienestar para toda la población.