En un contexto donde las familias enfrentan gastos adicionales por las festividades, el cierre de ciclos académicos y las proyecciones financieras para el próximo año, imponer un aumento de tarifas constituye un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos.
La medida refleja una preocupante desconexión entre las autoridades y las realidades cotidianas de los usuarios, especialmente en el interior del país.
Durante años, los pilarenses han soportado un servicio caracterizado por cortes frecuentes, baja presión y calidad de agua cuestionable en varios barrios de la ciudad, cuyas quejas se escuchan a diario. La pregunta que surge es: ¿por qué los usuarios deben asumir incrementos cuando no se han visto mejoras significativas en el servicio?
Este ajuste tarifario parece más una estrategia de última hora para cuadrar números que una decisión responsable y planificada. La respuesta de los encargados no satisface a los usuarios, quienes consideran inaceptable el argumento de que los medidores están en su mayoría averiados y que deben ser reemplazados para normalizar las facturas.
La falta de comunicación transparente, de justificaciones técnicas convincentes y de un compromiso real con la mejora del servicio solo agrava el malestar de los ciudadanos pilarenses.
Los usuarios esperan que la empresa estatal asuma un compromiso real con quienes mes a mes abonan puntualmente por los servicios prestados.
Es hora de que la Essap y otras instituciones de servicios públicos como la ANDE prioricen a las personas sobre las cifras, y comprendan que los usuarios no son una fuente inagotable de recursos.
Si se exige más dinero, primero deben demostrar resultados: agua limpia, un servicio eficiente y una gestión transparente. Solo entonces podrán justificar un aumento que, en este caso, se percibe más como un abuso que como una necesidad.