Con solo 19 años y un título de bachiller, Elías Godoy Torres fue contratado como “asesor” de su madre, la diputada liberal Roya Torres, cargo por el que figuraba con un salario de 9 millones 500 mil guaraníes.
Pero además de protagonizar un neponombramiento de privilegio, el joven ni siquiera asistía a su lugar de trabajo, pese a que intentaron inclusive inventarle un comisionamiento en la municipalidad de Presidente Franco, en la que su papá es intendente.
El caso fue demasiado evidente y escandaloso, y la fiscalía lo imputó por la figura de cobro indebido de honorarios, es decir, un caso más de planillerismo en la función pública.
En la semana que termina el juez Rodrigo Estigarribia le concedió la suspensión condicional del procedimiento, a cambio de que el joven planillero devuelva más de 50 millones de guaraníes cobrados indebidamente, y done otros 50 millones como reparación del daño social.
El acuerdo fue avalado por los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce, y el juez podría haberse opuesto pero optó por aceptarlo.
Con esto irá también al glorioso archivo del oparei, el pedido de desafuero que existía sobre su madre desde hace varios meses.
Para quienes defienden la resolución amparándose en lo que establece el Código Penal, debe decirse también que este tipo de salidas deja sabor a demasiado poco, a impunidad, por más de que sean las establecidas en nuestra legislación.
Habría entonces que modificar las normas, y al menos establecerles alguna otra sanción, como por ejemplo la inhabilitación a ocupar cargos públicos, para que no se siga instalando la lógica de que se puede perjudicar al Estado hasta ser descubiertos, y que luego solo es cuestión de devolver el dinero obtenido ilegalmente y ofrecer una reparación social.
El caso además deja la sensación de que la justicia solo existe para quienes tienen dinero para afrontarla, y que sigue habiendo una diferencia demasiado grosera entre los ciudadanos comunes y quienes ostentan algún padrinazgo.
La diputada y madre, Roya Torres, se había quejado cuando el caso fue descubierto, de que existía mucho ensañamiento con su hijo.
Debe decirse que su razonamiento es lógico, para quienes viven en esa burbuja de privilegios es común ver cómo la gran mayoría de sus colegas cuelga a la parentela y operadores políticos del presupuesto público.
Ese es el fondo de la cuestión. El proceso fue abierto por cobrar sin ir aunque sea a marcar asistencia, y no por lo grosero que resulta hacer designar a un hijo, una hija, un yerno o una nuera por encima de otras personas más preparadas e idóneas para el cargo.
A propósito, nuevamente en el estudio del Presupuesto para el próximo año, los congresistas volvieron a introducir el párrafo con el que se exceptúan de la obligación de cumplir lo que establecen las leyes de la Función Pública y de Racionalización de Gastos del Estado, que prohíben expresamente la contratación de su parientes directos, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Ni padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, bisabuelos, bisnietos, tíos, sobrinos, primos, sobrinos nietos o tíos abuelos de congresistas podrían ser contratados a dedo en la misma cámara, así como tampoco cónyuges, suegros, yernos, nueras, cuñados o abuelos del cónyuge.
Pero la casta privilegiada volvió a incluirlo, como lo vienen haciendo desde el 2021, año de vigencia de la ley de racionalización, para los sucesivos presupuestos de 2022, 2023, y 2024, bajo los gobiernos de Abdo y Peña respectivamente.
Se siguen considerando así como una clase especial, por encima de la obligación que rige para el resto de los funcionarios.
La igualdad ante la ley es un principio constitucional. El presidente debería vetar parcialmente el presupuesto 2025, si siguen incluyendo ese párrafo.