La disputa entre una concejal y el intendente de Lambaré consiguió evidenciar la maniobra administrativa con la que se sigue utilizando el dinero público para generar privilegios a quienes lo administran.
La concejal Carolina González, esposa del diputado Orlando Arévalo, solicitó hace unos meses una auditoría sobre la utilización de los cupos de combustibles asignados a los concejales por parte de la intendencia.
A modo de respuesta el intendente Guido González difundió el informe remitido por Petropar en el que entre otros detalles se consigna que la concejal utilizó una tarjeta para cargarle combustible al vehículo de su esposo, en lugares tan distantes a Lambaré como Saltos del Guairá o Ciudad del Este.
La concejal acusa al intendente de haberle clonado una de las tarjetas, y este asegura que todo está documentado y es imposible hacerlo ya que cada tarjeta está adherida a un vehículo particular de acuerdo a su número de chapa.
Polémica aparte, la cuestión de fondo y de interés para el contribuyente, lambareño en este caso, es saber por qué hay que pagarles a los concejales no solamente una millonaria dieta, sino además otorgarles un cupo de 2 millones de guaraníes mensuales, que en la práctica funciona como un sobresueldo encubierto.
El intendente de Lambaré nos decía en la 730AM que fueron los concejales quienes se autoasignaron estos cupos y que él se los concedió.
Revisando la ley de racionalización del gasto público, promulgada el 20 de octubre de 2020 y reglamentada por decreto presidencial el 24 de febrero de 2021, se observa que establece en su artículo cuarto la prohibición de que ni la ley del presupuesto general de la nación y ni el presupuesto de los gobiernos municipales, pueden autorizar el pago de la provisión de combustibles para las máximas autoridades de los organismos y entidades del Estado ni para los miembros de sus órganos colegiados.
Y el decreto reglamentario es aún más descriptivo al fijar que se prohíbe la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustibles o cupos de combustibles, a autoridades, en todas sus modalidades, pero en ese mismo inciso establece una excepción, que es la aprovechada por quienes se siguen sirviendo del dinero público para autoasignarse privilegios, ya que se exceptúa la utilización de combustibles para desplazamientos derivados de su función o cargo, una ventana que deja abierta la posibilidad de que se argumente cualquier cosa para continuar con el despilfarro, como que los diputados deben recorrer el departamento del que son originarios, o que los concejales van a visitar las casas de vecinos de los barrios de su ciudad.
Y de ello se valen también otros municipios, y hasta un grupo de parlamentarios que plantea nuevamente la asignación de millonarios cupos de combustible mensuales, privilegio que ya había desaparecido en la anterior legislatura.
Con base en la actitud de quienes intentan distorsionar el espíritu de la ley de racionalización del dinero público, debería eliminarse esa excepción, o, en el peor de los casos fijar que las cargas solo se realicen a vehículos pertenecientes al Estado.
Como fuere, algo debe hacerse para que este irritante sobresueldo encubierto desaparezca de los presupuestos públicos y sea cada autoridad la que se financie sus traslados familiares y de placer.