No hay demasiadas distancias entre lo que sucede con las negociaciones de Itaipú y lo que ocurre día a día en muchas instituciones públicas del país: incertidumbres, priorización de intereses particulares, clandestinidad o simplemente la coincidencia de personas que no tienen el mínimo interés de servir al pueblo y ser buen ejemplo desde su posición de empleado público, para las generaciones venideras.
Es difícil pensar que el gobierno de turno pueda generar la suficiente confianza de los ciudadanos de bien para avanzar en la construcción de un país más próspero, teniendo tantas personas como malos ejemplos en sus filas. En un país tan necesitado de buenos valores, de solidaridad entre ciudadanos, de empatía entre sectores, los gobernantes no pueden solamente decir “haz lo que yo diga y no lo que yo haga”.
En Itaipú, un mal ejemplo recurrente se refiere a los gastos sociales (gastos de responsabilidad socioambiental). Iniciaron en el 2004, con una simbólica caja chica de 6,8 millones de dólares que fue en aumento entre año y año. Coincidentemente, las mayores ampliaciones se dieron en años electorales.
Hoy día, sin estar debidamente definido en los documentos oficiales, dichos gastos alcanzan la suma de 650 millones de dólares (cantidad prevista para el 2024, 2025 y 2026). Transformando a Itaipú en un mini estado, en el lado paraguayo; atendiendo obras viales, inversiones del sector eléctrico, salud, educación, tecnología en general, apoyo a organizaciones (OG y ONG), gestión ambiental, etc.
Necesidad de ciudadanos honestos y contralores
El problema principal radica en la dificultad de controlar o acceder a datos detallados, sobre las inversiones realizadas o los desembolsos concretados. En este sentido, es inaceptable que, con tanto dinero a disposición para estos años, se siga con el mismo sistema sombrío.
A pesar de todo, es necesario seguir mirando el horizonte de un pueblo ganador, siendo honesto y organizado, con la esperanza de que alguna vez las cosas cambien y sea más importante un científico que un seccionalero; que tenga más éxito un emprendedor decente que un narcotraficante. Quizá, en no mucho tiempo, el docente y el médico, con pulcras dedicaciones, sean más valorados por el gobierno de turno que los compradores de cédulas en el periodo electoral anterior.
También es probable que por años más, el mal ejemplo siga reinando, pero es necesario reconocer que este puede usarse para bien, en el sentido de entender cómo no debemos ser en esta república de tan marcadas desigualdades. En este aspecto, vale la pena citar algunas situaciones del mal ejemplo de este gobierno, en sintonía de lo que también sucede en Itaipú:
Jubilación vip
Los parlamentarios cuentan con una jubilación de ensueño para los verdaderos trabajadores (con solo 10 años de aporte). Recientemente, el presidente Peña dio su aprobación para transferir 3.500 millones de G. que garanticen dicha jubilación; mientras, por otro lado, los aportantes del IPS (que además son constantemente humillados y amenazados en el sistema) pueden llegar a más o menos un digno retiro, solo después de 25 años de aporte.
El anterior aspecto es aún más irritante si trae a colación la situación de 1.500.000 personas que trabajan en la informalidad (sin seguro social) y 200.000 personas sin trabajo de ningún tipo, para amortiguar necesidades básicas.
Nepobabies
Mientras que en otros países el nepotismo se castiga con penas carcelarias, en Paraguay es una actividad completamente normal y, con una serie de estrategias básicas, congresistas, excongresistas, viejos políticos y hasta el vicepresidente de la república en ejercicio ubican a sus hijos y amigos en cargos pagados por el pueblo.
Con el escenario actual de 1.331.000 personas en pobreza, más de 800.000 paraguayos fuera del país y una desigualdad humillante (en términos de ingresos, servicios, tenencia de tierras, etc.), es increíble que las autoridades no tengan una mínima conciencia sobre la situación y que, al contrario, sigan buscando maneras de privilegiar a los suyos a todas luces.
Leyes a medida
El fulminante poder que tiene un solo sector de un partido político ha llevado al extremo de aprobar leyes en tiempos únicos. No habría ningún problema si fueran leyes en las que no hubiera duda sobre su necesidad, pero justamente son proyectos que más bien parecen direccionar intereses de unos pocos.
Se pueden enumerar leyes como la denominada “Ley anti-ONG”, “Ley Hambre Cero”, la ley de Superintendencia de Jubilaciones y pensiones, entre otras. El factor común es el apuro y el poco debate, tratándose de leyes que podrían llevar a errores costosos.
Narcopolítica
La situación con el narcotráfico impune ha llevado a situaciones extremas en la que los propios legisladores y políticos activos están acusados en el rubro. Tanto así que en el propio sector oficialista se ha generado una cierta división, pero sin generación de soluciones contra el crimen organizado en este ámbito.
La lista sigue…
Otras historias, como las de planillerismo (incluso 2 de las legisladoras oficialistas fueron destituidas por planillerismo en el pasado reciente), ocupaciones vips (con protagonismo de oficialistas en ejercicio del poder), etc., evidencian la gran necesidad de incorporar políticos honestos que den, al menos, relativo buen ejemplo.
Por de pronto, con justa causa, la ciudadanía debe mirar a estos representantes como malos ejemplos a anular de la sociedad, además de seguir organizados, en el camino correcto y en solidaridad con los sectores más vulnerables que sufren de manera intensa las consecuencias de inmensa corrupción y robusta impunidad.