Para cometer la megaestafa y apropiación del millonario monto de dinero, se falsificaron varios documentos en los que estuvieron implicados hasta funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF) y escribanías de Caaguazú y Ybycuí. Las pruebas son contundentes; la fiscalía cuenta con todas las evidencias del caso, realizó las imputaciones en tiempo y forma e inició las diligencias para el proceso judicial de los acusados.
Actualmente, Anadelia Acosta Armoa, Darío Flores y los demás imputados buscan chicanear el proceso fiscal y judicial para evitar llegar a un juicio oral público. Están presentando incidentes que incluso carecen de fundamentos jurídicos, como el caso de María Gloria Olmedo Cuquejo (esposa de Flores) y Claudia Beatriz Aguilar (prima de Flores), ambas imputadas por complicidad en el caso y quienes solicitaron la nulidad de la imputación en su contra. También, el gerente del BNF del distrito de Repatriación, Armando Javier González, optó por una conocida técnica de dilación jurídica, presentando un abogado no vinculado al caso justo el día de la audiencia de imposición de medidas.
Estas acciones por parte de los acusados tienen como único objetivo dilatar el proceso judicial y hacer que el caso pierda visibilidad para esconderse de la prensa.
Existe un gran temor en cuanto a que este grave hecho quede impune y que los autores de esta megaestafa, apropiación, lesión de confianza y otros hechos punibles queden libres de pena y continúen afectando a más familias. La fiscala Norma Salinas, quien lleva la causa, está realizando un buen trabajo; sin embargo, requiere que el juzgado actúe de forma eficiente para que el caso no quede impune.
La Fiscalía y el Poder Judicial deben unir fuerzas en este caso y dar una dura condena a los implicados, de modo a que sirva de ejemplo para quienes pretendan aprovecharse de personas inocentes y vulnerables en nuestro país.