El insuficiente control policial fue reflejado el pasado 16 de setiembre cuando un grupo de seis a ocho personas armadas asaltaron un camión transportador de encomiendas en el kilómetro 57 de la ruta PY02, del barrio Loma Guazú de Caacupé.
Los ladrones, incluso, usaron camionetas con logos de la Policía Nacional y la Senad para montar una falsa barrera y perpetrar el atraco. De esta manera se burlaron de las autoridades policiales y, no contentos con eso, hasta se robaron un móvil de la Policía de Atyrá. Retuvieron a los agentes de la zona por unos 40 minutos. Les sacaron sus elementos de trabajo y fueron abandonados en plena calle.
Los delincuentes se dieron a la fuga. Hasta el momento no se logró encontrarlos y la investigación prosigue sin mayores datos.
Una semana después de este episodio, en la Villa Serrana, se registró otro robo en un local de encomiendas ubicado en pleno barrio Centro, donde un hombre, en horas de la madrugada, tranquilamente se llevó el vehículo de los trabajadores de la zona.
Después de estos hechos, el Gobierno entregó en Caacupé 10 patrulleras de la marca Toyota Hilux, que fueron distribuidas a diversas comisarías del departamento de Cordillera con el objetivo de “fortalecer la seguridad”.
¿Acaso es esta la solución para combatir la inseguridad reinante que azota a la capital espiritual y a las ciudades aledañas? Es lo que muchos se preguntan teniendo en cuenta las falencias que se tienen.
Los robos y grandes asaltos son un flagelo que se deben eliminar desde la raíz, y aunque son necesarias las herramientas como las patrullas que se entregaron no basta. Se necesitan más policías, más compromiso y más seriedad.
Esto ya no puede continuar así, la Dirección de Policía en conjunto con el Ministerio del Interior y el presidente Santiago Peña, deben trabajar y gestionar de forma urgente proyectos que realmente funcionen para generar el cambio que se necesita. ¿Hasta cuándo las familias, los jóvenes y niños serán perjudicados por la inseguridad?
Es tiempo de que las autoridades reaccionen, que se muevan y empiecen a darle la verdadera importancia a los ciudadanos.
El operativo de seguridad debe ser todo el año en cualquier localidad, no solo durante actividades importantes a las cuales asisten políticos. La seguridad es un derecho de todos.