Los fiscales Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, pidieron el procesamiento del intendente y los demás imputados, por lesión de confianza y asociación criminal, por “constatar de manera fehaciente la existencia de hechos penalmente relevantes, que se traducen en groseras sobrefacturaciones de compra de distintos ítems, como ser: detergentes, saturómetros, toallitas desinfectantes, entre otros rubros; los cuales fueron adquiridos a través de empresas de dudosa constitución y que en varios de los casos han sido desautorizadas de manera pública por los representantes oficiales de los productos supuestamente adquiridos por la Municipalidad de Asunción desde el mes de marzo de 2020 en adelante”, sostiene el acta de imputación presentada ante el juez de garantías Rodrigo Estigarribia.
La imputación, que también afecta al exjefe de gabinete Wilfrido Cáceres y a otras 20 personas, asegura que fue creada toda una estructura delictiva a través de recursos legales como nombramientos, contratos, emisiones de cheques, certificados de disponibilidad presupuestaria o resoluciones de autorizaciones de transferencias, para concretar esta defraudación contra el patrimonio municipal.
La imputación ya fue admitida por el juez de garantías, quien citó al intendente y a los otros 21 procesados a comparecer entre el 3 y el 10 de octubre próximos para la imposición de medidas en cada caso.
Paralelamente al proceso judicial, se abre también un proceso político en el que habrá que observar atentamente las conductas de los diferentes concejales para interpretar lo que puede ocurrir.
Los de la bancada del PLRA emitieron un comunicado en el que exigen la renuncia del intendente de Asunción y la convocatoria a elecciones inmediatas para elegir a través del voto popular a quien complete el actual período municipal.
Los concejales piden que el directorio de su partido llame a la unidad de toda la oposición y a una movilización ciudadana para apoyar la renuncia del intendente y la convocatoria a elecciones inmediatamente.
Un detalle significativo es que la nota también está firmada por el concejal perpetuo de Asunción Augusto Wagner, un gran intérprete de los vientos políticos y de trayectoria casi siempre funcional a los intendentes de turno.
Para el presidente de la Junta Municipal, el concejal cartista César Escobar, es un intento de trabar el pedido de intervención que considera debe darse inmediatamente.
La Ley Orgánica Municipal establece en su artículo 53 que en caso de ausencia no justificada por más de treinta días, renuncia, inhabilitación, muerte o impedimento definitivo de un intendente municipal, ocurrido durante los tres primeros años del período, el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocará a nuevas elecciones dentro de los noventa días siguientes al hecho que motivare la vacancia, y que si el hecho ocurriera durante los dos últimos años, el Presidente de la Junta deberá convocar a una sesión de ella en la que, mediante el voto secreto de cada uno de sus miembros, será elegido de entre los mismos por mayoría absoluta un nuevo intendente para completar el mandato.
El actual intendente cumple tres años de gobierno el próximo sábado 9 de noviembre.
Ya desde ese mismo domingo 10, serán los concejales quienes deberán designar directamente a un intendente para completar el período en caso de vacancia.
62 días. Ese es el plazo que queda para que el actual intendente de Asunción cumpla sus primeros tres años de gobierno y pasen a modificarse inmediatamente las condiciones para una eventual sustitución.
Ese es el cálculo que muchos internamente realizan en la Junta Municipal y el período en el que definitivamente vamos a confirmar si existe o no una bajada de pulgar del líder del movimiento para designar en reemplazo del actual intendente a alguien que permita llegar con aguas más calmas a las elecciones de 2026.