Uno de los ángulos de análisis es el de los derechos humanos y al derecho a la vida. Plantear una ley de derribo de avionetas sospechosas, es el camino más fácil para la “aniquilación” de actividades ilícitas como el contrabando de estupefacientes y otras sustancias prohibidas.
Pero las implicancias a nivel internacional en la materia podrían poner a nuestro país bajo tela de juicio en materia de cumplimiento de los DD.HH. e ir incluso contra los principios constitucionales de la defensa a la vida consignados en nuestra Carta Magna. Derribar un avión sospechoso implicaría además otros riesgos. Eventualmente un derribo también puede poner en riesgo a la población civil en tierra, específicamente en los departamentos de Ñeembucú, Itapúa y otros que tienen una alta densidad poblacional o que, por otra parte, son cercanas a rutas aéreas comerciales.
Actualmente las tareas básicas de la Fuerza Aérea Paraguaya en este sentido son la detección, la identificación, la interceptación y la interdicción de las aeronaves sospechosas. En síntesis obligarla a descender, atrapar a los sospechosos, incautar la mercadería ilegal y tratar de llegar a la otra punta del ovillo. Pero esta lucha no se ganará solo con nuevos aviones, también hacen falta radares primarios y secundarios de manera a detectar las actividades sospechosas allá arriba.
Por otra parte, el derribo podría implicar una respuesta armada y una escalada de violencia entre el Estado y los grupos criminales. Es también una realidad de que el Crimen Organizado tiene mejores armas y tecnologías que las nuestras para cobrar venganza. A esto hay que sumar un eventual derribo erróneo cuyas consecuencias podrían ser devastadoras. De que necesitamos herramientas, las necesitamos. El meollo radica en el uso efectivo de las mismas. Para que esta lucha se salga de los papeles y opere en el mundo real.
* Marta Escurra posee un doctorado en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional (IAEE)