Este es un momento clave que se hizo esperar 50 años, tras cumplirse los 50 años de la firma del Tratado, y terminarse de pagar la deuda tomada originalmente para la construcción de la represa. Si bien ambos hitos fueron alcanzados el año pasado, en el 2023, recién hace un par de meses el gobierno anuncio oficialmente el inicio del proceso, luego de que se definiera la tarifa de Itaipú para el periodo 2024-2026.
Es decir, desde ahora y durante los próximos 5 meses se estarían dando las discusiones que definirán aspectos claves que van mucho más allá del valor de la tarifa y mucho más allá del 2026: como las condiciones de adquisición y comercialización de la energía generada en Itaipú – incluyendo quien (es) tiene (n) la potestad y preferencia para hacerlo; así como las disposiciones sobre el destino de la energía no utilizada (es decir, disposiciones sobre el derecho de cesión de energía), entre otros temas.
El anuncio del gobierno, sin embargo, no incluyó una hoja ruta que pueda informar a la ciudadanía sobre los planes de Paraguay para el aprovechamiento tanto de la energía generada en Itaipú, como de los recursos provenientes de su comercialización, en el desarrollo social y económico del país. Es deber y derecho de la ciudadanía exigir mayor transparencia del gobierno en cuanto a dichos planes, y levantar la voz para que sus necesidades de desarrollo sean contempladas. La consigna es evitar que se celebren acuerdos secretos que sólo beneficien a una cierta minoría de amigos del poder político, como ha sucedido en el pasado.
¿Qué se puede ganar?
La revisión del Anexo C puede derivar en la disposición de más y mejores recursos para el desarrollo del país. Para ello, es necesario mantener una mirada amplia sobre lo que implica la revisión del Anexo, yendo más allá de valores nominales y considerando un plan a largo plazo, que contemple el porvenir de las futuras generaciones y no solo de un gobierno. Esta mirada amplia nos ayuda a prevenir que caigamos en los cuentos del gobierno.
Por un lado, se tiene la posibilidad de un mejor aprovechamiento de la energía generada en Itaipú, ya sea a través de su uso local o de su comercialización a precios de mercado. En lo referente al uso local, el paquete a negociarse debe asegurar que las industrias que vayan a fomentarse con dicho uso generen un circulo virtuoso de desarrollo, es decir, que sus negocios repercutan en la generación de otros bienes para la población, como empleos y mayores ingresos al Estado, que a su vez puedan financiar otras áreas de desarrollo. No se puede seguir subsidiando la instalación de empresas cuyo fin es explotar la energía eléctrica generando poco valor cambio.
En lo referente a la comercialización, desde hace años se viene demostrando la necesidad de explorar alternativas a la cesión de energía, modelo por el cual al ceder energía a un costo muy por debajo de los precios de mercado, se subsidia el desarrollo de la industria en Brasil. Paraguay tiene derecho a disponer del 100% de energía que le corresponde, y explorar alternativas que comercialización que generen mayores ingresos. La estructuración de este mercado eléctrico debe ser transparente y justo, nuevamente, evitando el subsidio a empresas que solo buscan explorar dicho recurso sin generar un ciclo de reinversión en el desarrollo del sector como un todo.
Por otro lado, se tienen los recursos financieros que se generan a partir de la venta de la energía, y que constituyen fuentes de financiamiento de proyectos de innovación, ciencia, educación, infraestructura y salud. A la fecha, estos recursos han ingresado al Estado paraguayo a través de diferentes mecanismos que necesitan revisarse a la par de las decisiones en materia de uso de la energía, como son: los royalties y la compensación por cesión. También han sido relevantes en este sentido los fondos sociales provenientes del presupuesto anual de Itaipú. Además de los nuevos montos, se puede lograr una optimización de su uso a partir de la revisión de los mecanismos que rigen su canalización hacia el Estado paraguayo.
Recomendaciones
En resumen, la revisión del Anexo C puede permitir que contemos con más y mejores recursos para apoyar el desarrollo integral del país en los próximos 50 años.
Mantener una mirada amplia sobre lo que se puede ganar es una de las claves para lograr esto.
La otra clave importante está en la participación de la ciudadanía, la única con autoridad moral para frenar el secretismo y los intentos de entrega.
*Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Río de Janeiro. Licenciada en Administración por la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Investigadora y Especialista en Gestión e Implementación de Proyectos de Desarrollo, miembro de la Campaña Itaipú Ñane Mba’e.