El argumento del intendente franqueño, Roque Godoy Jara (PLRA), de que hubo un “error” presupuestario, no justifica la firma de un acta de recepción definitiva de una obra que, claramente, no estaba terminada.
En Hernandarias, el veto del intendente Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR) a una resolución de la Junta Municipal, en la que se solicita una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), es otro ejemplo de cómo se manipulan las estructuras de poder para evitar la fiscalización. La falta de justificación documental de los gastos y el incremento significativo de la deuda municipal son señales claras de una gestión ineficiente o posiblemente corrupta.
La decisión de la bancada oficialista de la Junta de remitir el veto a la Comisión de Legislación, en lugar de rechazarlo inmediatamente, pareciera una táctica dilatoria para evitar la transparencia.
La aprobación en Ciudad del Este de un presupuesto de G. 300 millones para una cena para empresarios, financiada con fondos municipales, genera un debate sobre las prioridades del gasto público. Mientras que el concejal Pedro Acuña (YoCreo) defiende la gala como una forma de reconocer la responsabilidad social de los empresarios, en la oposición, Ernesto Guerín (ANR) considera que podría utilizarse en necesidades más urgentes de la comunidad, como la pavimentación de calles.
Estas tres situaciones evidencian un patrón de gobernanza en el que prevalece una resistencia a la fiscalización y el uso cuestionable de los recursos públicos. La falta de transparencia y la manipulación de los procedimientos administrativos para evitar auditorías y supervisión son síntomas de una política que necesita reformas urgentes.
La confianza pública en las instituciones se erosiona cuando las autoridades eluden la rendición de cuentas y priorizan gastos que no benefician directamente a los ciudadanos. Para restaurar esta confianza es fundamental implementar mecanismos de control más estrictos y garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera efectiva y transparente.