Me hubiera gustado que la OEA reconociera que el apoyo a la democracia en el continente tiene una peligrosa tendencia a la baja, mientras aumentan la indiferencia, por un lado, y la preferencia y actitudes a favor del autoritarismo, por otro lado, además del pobre desempeño de la mayoría de los gobernantes elegidos democráticamente, seguido de un pobre y pésimo papel de los partidos políticos. Pero sus voceros no lo van a decir porque son políticos o cumplen instrucciones de ellos.
Me hubiera gustado también escuchar en la declaración que la OEA se sumara a las condenas a los 21 presidentes de diferentes países, condenados por actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, y que además repudia a los expresidentes que forzaron su continuidad en el poder (o intentaron seriamente hacerlo) transgrediendo las reglas democráticas y las Constituciones de sus respectivos países. Que los repudia y no los reconoce como ciudadanos elegibles, que exige a los Poderes Judiciales de los países miembros cumplir con sus respectivos deberes de sancionar el alzamiento o el intento de hacerlo contra la Constitución.
Qué bueno estaría escuchar que la OEA diga que es hora de que los políticos enriquecidos en la política devuelvan lo robado y que, en caso de no hacerlo, sean tratados, todos sin excepción, como los expresidentes de la República de Perú, donde todos los expresidentes que aún se encuentran con vida están detenidos por corrupción. Pudo haberse expedido también sobre los poderosos políticos que están por encima de la justicia y que monopolizan en la práctica la propiedad de los medios de comunicación y tergiversan las tendencias en las redes sociales a través de operadores.
También me hubiera gustado que la organización reconociera que los políticos y los partidos que los postularon a cargos, son responsables de la alta insatisfacción que existe en la ciudadanía con la democracia y la política, debido a sus desempeños autoritarios, corruptos, desleales e ilícitos, con los cuales deja a sus pueblos expuestos a una damnificación mayor en manos del populismo en acecho.
Me hubiera gustado que no dé tantos rodeos para calificar de dictaduras a los regímenes de Venezuela y Nicaragua y que se comprometan a hacer todo lo posible para terminar con ellas y alentar la democracia en dichos países.
Estaría muy bien que la OEA dijera que los gobiernos de muchos países latinoamericanos –como el nuestro– están ganados por la narcopolítica, donde los jefes narcos o sus peones “representan” al pueblo, y que para ganar elecciones solo es posible con la venia y el dinero de ellos. ¿Alcanzan las palabras: “Se redoblarán los esfuerzos…” para terminar con este problema? No. No estaría demás tampoco que la OEA declarara con toda sinceridad que los gobiernos de turno de los países, o de la mayoría de ellos, se sienten más cómodos con una población semianalfabeta viviendo en la pobreza, lo que simplifica la tarea de gobernar de sus elites, y que a ello se sume una oposición siempre dispuesta a “colaborar”, a costo ínfimo.
Pero es una ilusión estúpida pensar que lo hará, porque para eso están los infalibles conceptos: “el firme compromiso”, “se buscará reforzar” y otras yerbas de los especialistas en decir sin decir nada. Mientras, aquí y en otras partes, la soberanía ha dejado de ser patrimonio constitucional del ciudadano para convertirse próximamente en una marca a ser consumida entre amigos en un solo quincho.