Este viernes pasado el proyecto comenzó a tomar forma, cuando concejales colorados y liberales de diversos municipios se reunieron con el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, para pedirle su apoyo al proyecto de ley con el que bajo el argumento de unificar las municipales con las presidenciales del 2028, intendentes y concejales proyectan quedarse en los cargos hasta ese entonces.
Con su acostumbrada ambigüedad el presidente de los diputados declaró ante los periodistas que el proyecto merece un análisis por parte de los congresistas.
“No me gustaría que la línea sea a favor o en contra de los que se encuentran en esos espacios. Me gustaría analizar desde la política pública”, respondió Latorre, evitando tomar una posición favorable o contraria a la idea, a diferencia de lo que por ejemplo opina su compañero de movimiento, quien asume la presidencia del Senado, Basilio Núñez, quien recordó que intendentes y concejales tienen un mandato otorgado por los electores en las municipales del 2021.
“Es totalmente antidemocrático y anticonstitucional, es no leer la realidad; si yo fui electo por 5 años, ese es el periodo que debo estar… es el mandato del pueblo. Conste que ellos fueron electos por cuatro años, se les amplió el mandato por un año para equiparar porque todos supuestamente deben estar cinco años” recordó Núñez, al hacer referencia precisamente al antecedente que habilita a quienes ahora pretenden volver a pasar por alto la voluntad popular.
Volver a pasar por alto, porque como habíamos recordado, en la anterior legislatura el Ejecutivo y el Legislativo consumaron un atropello a la decisión de los electores de otorgar un mandato a las actuales autoridades municipales para administrar los municipios desde el 2021 hasta el 2025.
Esa fue la convocatoria a elecciones que hizo la Justicia Electoral, por la que el domingo 10 de octubre de 2021 el mandato fue legitimado en las urnas.
Pero hace un par de años, y a través de un pacto político también multicolor, los dos poderes del Estado consumaron la violación del sentido soberano del voto, al establecer por ley un año más de mandato, hasta el 2026.
Fue ese entonces, el pecado original, en el que ahora se basan varios concejales e intendentes para aferrarse a sus cargos por otros dos años, sin haber sido electos para ello.
En la Justicia Electoral volvieron a advertir que este intento es inconstitucional e inaplicable, tanto el presidente del órgano, César Rossel, como el director de la unidad de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, recordaron que este intento violaría el mandato otorgado por los electores por un período determinado.
“Fueron elegidos por 5 años, fin de la historia” enfatizó Rossel, aunque recordamos que también en aquel año 2022 los entonces recién asumidos ministros sugerían inicialmente la posibilidad de una inconstitucionalidad, pero finalmente aceptaron la extensión de mandato concretada en aquel pacto político.
Quienes se reunieron el viernes con Raúl Latorre dicen tener el respaldo de 1350 concejales de 147 distritos del país, con el discurso de que se ahorrarán unos 60 millones de dólares al realizar elecciones simultáneas y que ese dinero puede ser invertido en educación y salud, intentan también legitimar ante el ciudadano la idea que tienen de quedarse aferrados a los cargos y sus privilegios por dos años más.
Y para quien minimice esta idea presentada por un grupo inicialmente pequeño de concejales, solo basta recordarles aquel pacto concretado el 22 de noviembre de 2022.
Fue a menos de un mes de las internas simultáneas partidarias para definir a los candidatos para las presidenciales de 2023.
Como si se tratase de un gran canje político, para involucrar con más fuerza a intendentes y concejales en aquella campaña, alterando así el mandato ciudadano consagrado en las urnas.