En el Parlamento Nacional solemos tener casos como el de referencia, tanto para proteger a algún legislador “amigo” como para mandarlo a la cuneta a quienes no “sintonizan” con los detentadores de este poderío.
La reflexión viene a circunstancias de un nuevo escandalete que se vivió en la Junta Municipal de Encarnación, esta semana, donde fue necesaria la intervención policial para evitar agresiones y desmanes que pudieran poner en riesgo la integridad de concejales, funcionarios y los propios manifestantes favorables del intendente Luis Yd.
La lectura que hace el ciudadano de a pie es que nuestros líderes no actúan con la mirada puesta en el bien común. La lectura que hace el ciudadano no avezado es que los intereses sectoriales, las apetencias políticas, están por encima, y lejos, del compromiso que se supone asumen cuando son investidos de la representación pública de la sociedad a la que se deben.
El tema que provocó este nuevo episodio en la Junta, que habla muy poco en favor de una ciudad que se precia de culta y de ceñirse a las reglas, es realmente complejo. Requiere de quienes administran los intereses de la comunidad una postura clara, transparente.
La ciudadanía necesita esas garantías de que quienes fueron puestos en un sitial de privilegio en la sociedad, nada menos que representantes de la gente, en quienes se delegó la responsabilidad de velar por el interés común, y que asumieron la obligación de trabajar para construir una ciudad mejor.
Los acontecimientos, sin embargo, se parecen más a una lucha de facciones que terminan por degradar esta forma de encarar y administrar los intereses de todos, que se llama democracia. Y el mayor peligro que encierra este tipo de enfrentamientos es que siembran en la conciencia colectiva que la democracia no pareciera ser la herramienta más idónea para la construcción de la sociedad que pretendemos.