Un ejemplo que se recuerda en estos días, debido a la coyuntura vigente, es el caso de los expresidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, cuyas candidaturas al Senado fueron habilitadas en 2018 por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia, pese a que la Constitución no da opciones y dice claramente en su artículo 189 que “los expresidentes de la República electos democráticamente serán senadores vitalicios de la nación”.
En nuestro ordenamiento constitucional no existe la reelección presidencial y tampoco está establecida la posibilidad de que los presidentes, una vez terminados sus mandatos, puedan candidatarse a algún otro cargo.
Años atrás, en una entrevista, el exsenador y exconvencional constituyente Evelio Fernández Arévalos dijo que no establecieron expresamente la prohibición en el texto constitucional porque no se imaginaron que alguien pudiera aspirar a un cargo de menor jerarquía luego de haber sido Presidente de la República.
Otro ejemplo de la genuflexión de la Corte a intereses político-partidarios ocasionales es el caso del exdiputado colorado Ramón Romero Roa (+). En junio de 2020, contradiciendo la Constitución y la ley, la Cámara de Diputados, presidida entonces por el cartista Pedro Alliana, removió a Romero Roa de su cargo de representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados poniendo en su lugar a alguien de dudosos antecedentes académicos y morales, como el entonces diputado cartista Hernán Rivas.
La decisión de la Cámara de Diputados fue inconstitucional y ya lo había dicho la Corte Suprema en su fallo del 24 de agosto de 2015, reponiendo en su cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al entonces senador colorado cartista Óscar González Daher (+). Su caso era exactamente igual al de Romero Roa, pero este último falleció aguardando que se hiciera justicia con él, para vergüenza de la Corte, algunos de cuyos integrantes siguen aún en sus cargos.
La Corte Suprema tiene ahora otro desafío: hacer justicia en el caso de la exsenadora Kattya González, destituida por el Senado violando su propio reglamento interno y actuando por un mandato del Comando Político del cartismo.
Si nos atenemos a los antecedentes y a la coyuntura política, lo más probable es que la Corte falle a favor de los intereses del poder de turno, que justamente fue el que decidió sacarla del cargo.
Pero aun si fallara a favor de la reposición de la exsenadora González, los senadores cartistas, que tienen mayoría propia en el Senado, anunciaron que no acatarán el fallo.
El panorama que se nos presenta es sombrío. La mayoría de los miembros de la Corte Suprema, la mayoría de los miembros del Poder Legislativo y el mismo Presidente de la República responden a un poder no institucional y a los intereses de una persona no electa para ningún cargo nacional.
No podemos extrañarnos que desde afuera nos miren como una republiqueta donde solo se fortalece el crimen organizado mientras nuestras autoridades y nosotros mismos nos engañamos pensando que estamos en una democracia que, en realidad, no va a más allá de lo formal.