No hay aún un informe certero de cuál ha sido la causa de la fuga de este químico que afectó no solamente a los trabajadores, sino que puso en peligro a toda una comunidad. Pero en sucesos parecidos a estos (recordemos el caso Ykua Bolaños), el mantenimiento inadecuado de la estructura, potenciado por el precario apego a los protocolos, desvelan una desconsideración por las posibles consecuencias catastróficas de tales omisiones.
El incumplimiento de las normas de seguridad laboral (estructurales como de salud mental) son reflejo de un sistema que no solo es falible, sino deficiente. Para peor, los esfuerzos para propiciar un cambio significativo en la cultura de seguridad industrial en el país parecieran provenir solamente de los trabajadores.
El incumplimiento frecuente de las normativas de seguridad denota un contexto en el que la impunidad parece ser la norma, más que la excepción. La eficacia de las sanciones y las inspecciones deben ser cuestionadas, y se presentan como un claro indicativo de la urgencia en el fortalecimiento de las políticas de control y cumplimiento por parte del Estado.
En este sentido, la desinformación, entendida como una combinación de ignorancia y una actitud despreocupada hacia la regulación vigente, es indicativa de un entorno donde la seguridad es menoscabada. Además, la percepción de los costos de implementación como prohibitivos, revela una alarmante predisposición a comprometer la seguridad a cambio de ahorros económicos a corto plazo.
Es de vital importancia acometer una revisión exhaustiva de las políticas públicas relacionadas con la seguridad industrial y encaminar esfuerzos hacia el fomento de una genuina cultura de prevención. Debe ser prioridad nacional la creación de espacios laborales seguros, que resguarden la vida y salud de los trabajadores y que impacten positivamente en la productividad del país y no lamentar una fuga que duele.