Este gravísimo caso dejó al descubierto la total ausencia del Estado que nunca se preocupó por los derechos del niño y las niñas en situación vulnerable y de abandono.
Siempre se hicieron grandes campañas de sensibilización, pero de ahí no pasó a ser más que un marketing, porque en la realidad no se ve, no se nota ni se siente el acompañamiento a los niños y niñas en situación vulnerable.
Sus derechos son atropellados por el propio Estado paraguayo que no les ofrece la más mínima garantía para una vida digna, por lo que se deben ingeniar y deambular por las calles, acompañando a la abuela o la madre vendiendo algún producto para sobrevivir y en donde reciben todo tipo de discriminación por parte de la sociedad y corren peligro ante los ojos de los depravados abusadores, que solo miran a los indefensos infantes con apetencia sexual.
El Estado paraguayo debería tomar como un compromiso la “Prevención del abuso sexual en niñas/os y adolescentes”; para ello, las instituciones, como escuelas y colegios, deben implementar políticas de protección infantil rigurosas.
El Estado debe capacitar a profesionales de la salud, educación y servicios sociales para identificar, informar y abordar casos de abuso y activar el protocolo si necesario fuere. Debe establecer los servicios de apoyo para las víctimas y sus familias, incluyendo asesoramiento, asistencia legal y atención médica, tareas en las que hasta ahora el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y la Codeni están aplazados al no proteger a las víctimas, y más aún en el caso reciente de abuso ocurrido en la ciudad de Pilar, cuyas víctimas deben soportar constantes amenazas.
Es importante señalar que en la familia debe haber un diálogo abierto y constante para prevenir y detectar los posibles casos de abuso sexual en niñas o niños; esto es para crear un ambiente donde los niños se sientan seguros para hablar de todos los temas, incluyendo su cuerpo.