La situación financiera de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo gestión de Miguel Prieto Vallejos (YoCreo), nuevamente se encuentra crítica con impago de salario desde octubre pasado. Mientras que en Hernandarias, gobernada por Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR), se acumulan cinco meses de retraso.
En igual condición de retraso en pago salarial está Presidente Franco, administrada por Roque Godoy (PLRA), con tres meses arrastrados. Paradójicamente, el hijo del intendente en común con su esposa Roya Torres, Elías Martínez Godoy Torres, ingresó con un alto sueldo en Diputados en el momento en que cesaron los pagos.
La falta de pago se repite en cada segundo semestre del año y evidencia la carencia de una planificación financiera en los entes comunales.
Para tratar de paliar el déficit de fondos, Ciudad del Este y Presidente Franco recurrieron a millonarios préstamos. Sin embargo, siguen con compromisos de pagos pendientes.
En el caso de Hernandarias es aún más preocupante. La administración municipal tuvo la autorización de la Junta para un préstamo de G. 5.500 millones, pero ningún banco le otorgó el dinero debido a que arrastra otros empréstitos pendientes de pago.
El retraso acumulado de varios meses en los salarios genera una serie de consecuencias adversas que afectan la estabilidad económica de los trabajadores.
Además, puede tener un impacto significativo en la prestación de servicios públicos. La desmotivación y el malestar laboral pueden llevar a una disminución en la productividad y eficiencia del trabajo, afectando la calidad y continuidad de los servicios.
Por otro lado, este tipo de situaciones puede erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones municipales. Los retrasos en el pago de los salarios pueden interpretarse como una falta de compromiso y responsabilidad por parte de las autoridades municipales, lo que podría afectar la percepción de la gestión pública y socavar la legitimidad de las instituciones locales.
Las autoridades municipales deben adoptar las medidas necesarias para restaurar y mantener la estabilidad financiera de las municipalidades, así como la confianza en las instituciones gubernamentales.