Del mismo modo, quien tiene mínimos conocimientos de política y derecho, sabe que una democracia, a diferencia de una tiranía, se basa en la ley, por lo general en una Constitución, y en el respeto, aunque sea imperfecto, de un estado de derecho, es decir, lo que ampara la ley, y no la voluntad del más fuerte o de la mayoría en un momento concreto. Es la ley la que nos protege de los tiranos y de la arbitrariedad. Y para que el estado de derecho funcione, éste debe descansar, para su eficacia y validez, en la separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Sólo un ignorante o un corrupto es capaz de negarlo, o manipularlo a su antojo, como quien afirma que su club de fútbol es el mejor del mundo, y no el Real Madrid.
Por consiguiente, iguales niveles de desconocimiento, incultura, ineptitud, fanatismo o inmoralidad tienen quienes niegan que Pedro Sánchez está llevando a cabo un auténtico golpe de Estado en España con el pacto de pacto de investidura alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya (la voz negociadora de los independentistas catalanes), con el fin de investir al socialista Pedro Sánchez en el poder.
En efecto, sólo un analfabeto ignora que hay varios tipos de golpes de estado, no solo existe el militar. Y el que se está produciendo en España es un golpe de estado perpetrado por el Ejecutivo. Las cuatro asociaciones judiciales españolas se han unido para expresar su parecer, tras conocerse el pacto de investidura alcanzado entre el PSOE y Junts, un acuerdo que incluye la Ley de Amnistía para quienes organizaron, financiaron y ejecutaron el Golpe del 1 de octubre del 2017 en Cataluña.
¿Qué dicen las asociaciones profesionales de jueves y magistrados de España al respecto? Todas ellas muestran su rechazo por “las referencias al lawfare o judilización de la política y sus consecuencias”, ya que el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a “la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judilización de la política”, cargándose así, de facto, la Constitución española y la separación de poderes que ella defiende en el artículo 117.1 de la Constitución.
Se trata, por tanto, de un Golpe de Estado del Ejecutivo, porque, en la práctica, el acuerdo alcanzado reconoce la posibilidad de “someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Como es sabido, los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, y no pueden estar sometidos a presiones políticas desproporcionadas e impositivas, y mucho menos al margen de un sistema de garantías jurisdiccionales, como pretende el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts.
La presidente de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borrás, condenada por prevaricación y falsedad documental por trocear contratos para un amigo cuando era responsable de la Institución de las Letras Catalanas, ha señalado que lo sustancial del acuerdo alcanzado es la introducción del concepto de lawfare, ya que implica que el PSOE “reconoce la guerra sucia que el Estado ha utilizado para perseguir la disidencia política”. Borrás ha asegurado que su partido no ha hecho ninguna renuncia y que ha sido el PSOE quien ha dado un giro copernicano y ha cambiado de opinión “renunciado al planteamiento de que la amnistía era inconstitucional”.
Un Golpe de Estado ha iniciado en España, perpetrado por Pedro Sánchez para poder ser investido presidente. Queda por ver cuál será la respuesta al golpe, y si la democracia española resistirá el asalto al poder de un tirano, una vez más, socialista, de nombre Pedro Sánchez.
* PhD en Economía y Empresa, Presidente de NLG, @nuevalibertadygobierno