Estuvo en tela de juicio la lapidaria administración de la intendenta de Valenzuela Mirtha Fernández (PLRA-dioncista), quien está acusada por lesión de confianza y chicanea para evitar ir a juicio oral por un supuesto daño patrimonial de G. 1.200 millones, sin embargo, pese a que los ediles de la ciudad cumplieron con su misión de ser contralores al denunciarla, en la Cámara Baja evitaron la intervención. Él más férreo defensor de la pésima gestión fue el liberal Luis “Freddy” Franco, quien llegó con la bandera del “cambio” en Diputados. Franco fue presidente de la comisión que investigó las denuncias, pero incluso antes de ir a verificar las obras ya justificó a Fernández lamentablemente.
En la misma sesión, también se analizó el dictamen de la comisión que investigó las denuncias de los concejales de Puerto Casado contra el intendente Hilario Adorno, quien era abdista, pero rápidamente pasó al cartismo para frenar la intervención. Hilario, quien es hermano del también cuestionado diputado ahora cartista José Domingo Adorno, está imputado por lesión de confianza por la supuesta compra de una camioneta con dinero municipal, pero también fue salvado gracias al pacto de diputados. El presidente de la comisión fue el cartista Avélino Dávalos, que ni siguiera fue a verificar las obras irregulares. Dávalos alegó que si se interviene la gestión se “gastaría dinero” en llamar a una nueva elección, por eso era mejor dejar culminar la gestión a un cuestionado administrador municipal.
Y para completar el “combo de impunidad”, fue analizada la gestión del intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR-FR), si bien, no está investigado penalmente, los ediles denunciaron sobrefacturación de obras y la creación de una supuesta red de corrupción para utilizar el dinero municipal y malversar los recursos. El presidente de la comisión que investigó las denuncias fue el abdista Carlos Núñez Salinas, quien justificó la gestión de su correligionario indicando que no encontraron nada muy irregular.
El pacto de impunidad blindó a tres cuestionados intendentes y los diputados demostraron, una vez más, qué no están para defender al pueblo, sino a sus intereses particulares.
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