En la última sesión del pleno, una mayoría aprobó la rendición de cuentas del ejercicio 2022 del gobernador Roberto González Vaesken (ANR cartista), que asciende a G. 113.566 millones, pese a denuncias de inconsistencias en la ejecución presupuestaria. En minoría, los ediles Sandra Miranda (PPQ) y Carlos Mora (Tekojoja) revelaron casos de obras fantasmas y sobrefacturadas.
Estos hablan de falsificación de documentos para el desembolso de millonarios montos a empresas por trabajos inexistentes. También se detalló que se pagaron por ciertos elementos que representaban mayor costo, pero que se recibieron las más baratas.
En un caso específico, se hizo mención a la obra de reparación del Hospital Distrital de Presidente Franco, en el que no se cambiaron los azulejos del piso ni las puertas, como se requería en el contrato; y que las paredes quedaron con ladrillos vistos, pese a que en el acta de certificación figuraba que el revoque se realizó en un 100%.
Todo esto y mucho más fue expuesto con fotografías a los miembros del pleno, que representado por el concejal Gustavo Soria (ANR cartista), fiel defensor de la gestión de Vaesken, dijo que realizaron un “cotejo exhaustivo” de la ejecución presupuestaria y que no hallaron irregularidades.
Lo cierto y lo concreto es que, a pesar de coleccionar denuncias públicas de corrupción, todos los años la rendición de cuentas es aprobada por concejales –los mismos de siempre– independientemente a que sean colorados, liberales o independientes.
Sin embargo, en este 2023 hay que hacer relucir los nombres de estos ediles que están lejos de cumplir el rol de contralores para el que fueron electos y que nuevamente están buscando empotrarse en un cargo público a través del “rekutu” o en otros espacios.
Ellos son: Gustavo Soria, Luciana Porcionato, Carolina Rivas, Pedro Ovelar, Freddy Chamorro y Wilberto Cabañas, todos colorados. La lista sigue con los liberales Estela Noguera, Julio Landaida, Mabel Otazú, Aldo Florentín, Elio Castillo y José Lino Chaparro.
El 30 de abril hay que recordar bien estos nombres, para que nosotros como ciudadanos altoparanaenses no volvamos a cometer el mismo error de darles nuestra confianza y pensar que desde la función pública harán bien las cosas. Si en el pasado no lo hicieron, en el futuro tampoco lo harán. Al final, la responsabilidad es nuestra.