En seis años a las autoridades encargadas de su reglamentación y aplicación aún no se les ha ocurrido la forma de implementar esta ley con lo cual se ha perdido precioso tiempo que hubiese servido para salvar vidas de mujeres víctimas de feminicidio.
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El caso de Uruguay viene a cuento de que la comisión de Derechos Humanos del Senado instó en estos días al Ministerio Público y a otras instancias a que esta ley se cumpla. El senador Tony Apuril ha insistido a las instituciones involucradas a este respecto y ha tenido como respuesta la falta de presupuesto. Para el parlamentario solo falta un poco de creatividad y también voluntad.
Pues bien, una salida al famoso argumento de que “no hay dinero” podría ser imputar el costo de compra y uso de estos dispositivos a los usuarios finales.
Teniendo una ley y también propuestas de soluciones prácticas y reales no hay explicación del por qué en nuestro país todavía no se ha reglamentado el uso de las tobilleras electrónicas como medida alternativa a la prisión y como gran herramienta para el combate a la violencia intrafamiliar.
¿Por qué se están tardando seis años en implementarlo? ¿Por qué se niegan a proteger a las mujeres? ¿Porque la vida de ellas no vale nada para el Estado?
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De acuerdo a los datos del Ministerio de Justicia citados por Apuril existen 250 denuncias semanales en cada una de las instituciones penitenciarias; las mismas derivan en pedidos de reclusión por violencia intrafamiliar.
Como evidencia de que esto sí puede funcionar, en el año 2020 la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Armigón, declaraba a la prensa de su país que las tobilleras electrónicas eran la “única herramienta eficaz contra la violencia de género”.
Esto porque gracias a la tecnología de geolocalización se podía tener en tiempo real la ubicación del usuario procesado por violencia y obtener la alerta cuando este buscaba acercarse nuevamente a la víctima activando los protocolos policiales para detener al victimario y así evitar un nuevo episodio de violencia o feminicidio.
Pero en Paraguay estamos lejos todavía de aplicar la tecnología para salvar vidas. En Paraguay hay más preocupación porque la palabra “feminicidio” no está en el diccionario de la RAE que por crear mecanismos que protejan a las víctimas o crear programas de rehabilitación para psicópatas sueltos que se creen con derecho de disponer de la vida de otro ser humano “por amor” o porque son de “su propiedad”.
Basta de indiferencia estatal ante esta emergencia, basta de hacerse de los tontos y dar la espalda a las mujeres y sus familias argumentando que “no hay presupuesto”, lo que no hay es voluntad de asegurar la vida de las mujeres paraguayas, cabezas de familias, madres, hermanas, esposas e hijas luchadoras y víctimas del machismo permeado en todas las instancias sociales.