Un peligro en CDE

Construida en el año 1992, la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, con capacidad para unos 400 internos, alberga en la actualidad a más de 1.000 en situación de superpoblación, además de cientos de problemas.

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Su ubicación es uno de los principales inconvenientes, pues el predio se encuentra en el barrio Boquerón, plena zona residencial e inmediaciones de instituciones educativas, centros comerciales y paseos gastronómicos. Sin contar que está a pasos de la frontera con Brasil.

Vecinos del barrio en cuestión urgen el traslado del penal, considerando que están en riesgo latente con el “cháke” de peligros de fuga, amotinamientos y hasta balaceras. El centro penitenciario fue edificado sin tener en cuenta las proyecciones de crecimiento ni urbanización.

A lo largo de estos años, siempre se habló de la intención de traslado, hasta que en el 2019 se inició la construcción de una nueva penitenciaría en Minga Guazú, en una zona alejada del circuito urbano.

Este proyecto se constituyó en una esperanza para los afectados del actual penal. La nueva construcción debía estar lista en el 2021, sin embargo, retrasos en los pagos por falta de fondos la obra, en su etapa de terminación, quedó paralizada. La ejecución fue encargada por el Ministerio de Obras por un monto total de G. 81.218 millones.

Desde el Ministerio de Justicia anunciaron que se deberán convocar a nuevas licitaciones para concluir la obra y que se trabajará para solucionar el problema más grave, que es la falta de agua potable. Se espera que a mediados de año se inicie la etapa de mudanza, pero el penal de CDE seguirá funcionando porque solo los reos con condena, que en promedio son el 30%, serán enviados a Minga Guazú.

Hace un año que la millonaria obra quedó abandonada, resultado de la falta de planificación y organización de prioridades de las instituciones involucradas. Recién en días pasados se realizó una visita y se anunciaron las acciones.

El sistema penitenciario está repleto de falencias, tanto en su concepción como en su aplicación y el nuevo penal implicaría la implementación de un plan distinto. Esto permitirá solucionar el problema de hacinamiento y trabajar en otros como la corrupción, que es el mal mayor.

Esperemos que las autoridades den al proyecto de traslado la importancia que le corresponde para que eso concluya con rapidez y eficacia; asimismo que entiendan que la cárcel de Ciudad del Este debe desaparecer para la tranquilidad de toda la sociedad.

patricia.alvarenga@abc.com.py

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