Representando fielmente a un Poder Judicial de miembros mayormente mediocres y arrodillados ante intereses de orden político y económico, el juez Wilfrido Peralta leyó en la madrugada del viernes su fallo en el marco del juicio por difamación interpuesto por la ex viceministra de Tributación, Marta González, contra el periodista Juan Carlos Lezcano y la directora de ABC, Natalia Zuccolillo.
Cuando Marta González Ayala era viceministra de Tributación, la institución adjudicó un contrato para actualización del sistema tributario, por más de US$ 3 millones, al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), un organismo internacional del que González era directiva. La adjudicación se realizó por vía directa.
En juicio, el titular de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, declaró que la vía de la excepción se realizó de forma indebida. Y hay un dictamen de la Contraloría General de la República que dice que la urgencia impostergable esgrimida para el efecto, tenía argumentos “insuficientes e infundados”.
Nada de esto importó a Wilfrido Peralta. En su fallo defendió a González de cuestiones que no se trataron en los artículos periodísticos e hizo responsable al medio de comunicación de los calificativos con los cuales las personas cuestionaron a González en las redes sociales.
Es que, a criterio del juez, los indicios ciertos de hechos de corrupción no son suficientes para que se publiquen denuncias, debiéndose dar a conocer solamente hechos punibles juzgados y condenados. En un país en el que el Poder Judicial y las instituciones públicas son nada fiables, esto atenta contra la democracia misma y contra un instrumento demasiado importante para su consolidación: el periodismo de investigación.
También se impone la censura previa a quienes podrían tener información sobre supuestos hechos de corrupción. De nada serviría el artículo 29 de la Constitución Nacional, que garantiza la reserva de las fuentes en el ejercicio del periodismo. ¿Para qué se arriesgarían las fuentes por conseguir y arrimar pruebas que constituyan indicios de irregularidades, si esos indicios no pueden publicarse?.
Varios ejemplos dan cuenta de la relevancia de utilizar la libertad de expresión, de libre acceso a la información y de prensa, para denunciar supuestos hechos de corrupción. Sin estas libertades, el clan de los González Daher seguiría en el poder, al igual que el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y el ex presidente del Indert, Justo Cárdenas, hoy condenados por hechos de corrupción.
Pero Peralta pretende acabar con la libertad de expresión y de prensa y la investigación periodística, e iniciar lo que sería una dictadura del Poder Judicial en un país en el que lo que menos se imparte, es Justicia.
Es de esperarse que la Cámara de Apelaciones y demás instancias se tengan en cuenta los principios fundamentales de la libertad de expresión y de prensa y su relevancia para el fortalecimiento de un sistema democrático, justo y equitativo.
Con todo, no nos vamos a callar. Más que nunca se impone un periodismo de pie al lado de la ciudadanía en la búsqueda de la verdad, vigilante de la democracia y firme en la lucha contra la corrupción.