La unidad fiscal contra el abuso sexual de niños local fue habilitada en enero de este año y desde su apertura ya registró cerca de 163 denuncias sobre el caso, unas 10 de ellas consisten en abusos entre los propios menores de edad y 4 de los casos con embarazo de las niñas.
Estos números equivalen a un promedio de 18 denuncias por mes, sin contar los casos que aún no fueron informados a las autoridades judiciales.
Lo peor de todo esto es que la Fiscalía imputa a los acusados y pide la prisión preventiva de los mismos, pero muchos acuden a abogados políticos y autoridades, quienes utilizan sus influencias para chicanear los casos y liberar a los sospechosos.
Muchos de estos abogados son ediles municipales o gubernamentales que hacen poco o nada para prevenir la fiebre de casos que se presentan en la localidad.
También están otras entidades como la Codeni y el Poder Judicial, que muchas veces se prestan al amiguismo político y hacen caso omiso a la situación y terminan beneficiando a los abusadores que después vuelven a acechar a sus víctimas.
Por si todo fuera poco, la agente fiscal de la unidad contra el abuso de niños denunció públicamente que algunos ediles municipales de Caaguazú y operadores políticos son los que defienden a los acusados y que, pese a los esfuerzos, terminan recusando sin fundamentos y chicanean en las investigaciones.
Los ediles, lejos de ponerse las pilas y crear campañas de concienciación y prevención de abusos, dedicaron más de una hora y media de una sesión ordinaria para intentar amedrentar a la fiscala y la publicación hecha por este diario.
La situación está descontrolada y las autoridades locales no hacen nada para frenar el flagelo.
La ciudadanía también cumple un rol muy importante y debe exigir y obligar a las autoridades a realizar sus trabajos y también involucrarse en actividades sociales que ayuden a contener la grave situación por la cual está pasando esta localidad y otros distritos del departamento de Caaguazú.