Aquí los responsables directos son el ministro de Justicia Edgar Olmedo, el vice Ministerio de Justicia; la Dirección de Institutos Penitenciarios, y el director del penal de Misiones, Virgilio Valenzuela, quien fue separado del cargo tras la intervención de la cárcel.
No se tomaron las medidas de seguridad en una penitenciaría donde había internos que participaron de la masacre en la cárcel de San Pedro.
Es inadmisible que 1.400 internos puedan estar custodiados por 20 guardiacárceles, por turno, sin los pertrechos que corresponden en la función de seguridad del penal.
El otro aspecto que las autoridades penitenciarias deben considerar en cuál fue el trato a los reos fugados, una vez recapturados. No puede haber torturas ni salvajismos, si es que lo hubiere, como castigo por el escape.
En cualquier parte del mundo los reos van a buscar su libertad. Por eso planearon una fuga que dejó al descubierto las improvisaciones y el manejo a la deriva del reclusorio. Lo que debe hacer el Estado es garantizar la permanencia bajo segura custodia y proporcionarle a los reclusos todas las condiciones básicas durante el encierro.
Además se tiene que implementar programas de reinserción social para que el interno pueda integrarse en la sociedad cumplido la condena. Sin embargo, las cárceles en el Paraguay, se convirtieron en un deposito humano con superpoblación, grave estado de marginalidad y peligrosidad para la misma población penal.
Los condenados pierden los derechos a la libertad y de ciudadanía. Pero la seguridad física, psicológica, alimentación, protección, salud y educación inclusive es responsabilidad del Estado.
Por otra parte es ilógico que se prohiba el ingreso de la prensa en los reclusorios. Por disposición del Ministerio de Justicia desde hace una década los medios deben quedar afuera. Ínterin pueden ocurrir fuga y numerosas irregularidades rayana a la bestialidad. Al final por falta de sentido común de las autoridades penales, toda una población sufre la inseguridad por la fuga masiva de los internos.