Varios expertos chilenos, incluidos algunos activistas de derechos humanos, me dicen que la nueva Constitución otorga a los indígenas una parte desproporcionada del poder político, y los convertiría en el bloque electoral clave en el Congreso. Si la nueva carta magna conduce a un caos o a un régimen autoritario, como temen sus críticos, muchos chilenos le van a pasar la cuenta a los pueblos indígenas.
El expresidente Ricardo Lagos, del Partido Socialista y una de las voces políticas más respetadas de América Latina, expresó sus temores de que la nueva Constitución produzca más polarización.
Lagos escribió esta semana que “Chile necesita y merece una Constitución que suscite consenso”. Agregó: “Una Constitución no puede ser partisana”.
La nueva Constitución, que se presentó oficialmente al presidente Gabriel Boric días atrás, es una de los más largas del mundo. Tiene 388 artículos y 57 “reglas transitorias”.
Fue escrita por una Convención Constituyente compuesta mayoritariamente por miembros progresistas e izquierdistas, que fue elegida por una abrumadora mayoría de chilenos después de las masivas protestas callejeras de 2019.
Aunque Chile es el país más desarrollado de América Latina, muchos chilenos sienten que no se han beneficiado del éxito macroeconómico. La nueva Constitución promete una larga lista de derechos sociales, de género y ambientales.
Pero los escépticos señalan que el plan de la Constitución de convertir a Chile en un país “plurinacional” dividiría aún más a Chile. Además, la nueva Constitución politizaría el sistema de justicia y debilitaría la independencia judicial, afirman.
“Esta es una Constitución autoritaria”, me dijo José Miguel Vivanco, exdirector para las Américas del grupo de derechos humanos Human Rights Watch. “Tal cual está escrita, va a generar necesariamente mayor conflictividad e inestabilidad en el país”.
Vivanco, quien al igual que Lagos apoya la sustitución de la anterior Constitución chilena por una nueva, me dijo que no le parece una mala idea darle escaños reservados a los pueblos originarios en el Congreso. Sin embargo, la actual propuesta constitucional les da una “sobrerrepresentación desproporcionada” a los pueblos indígenas, explicó Vivanco.
Los pueblos originarios recibirían automáticamente unas 17 bancas designadas en el Congreso, lo que equivaldría a un voto decisivo y a un poder de veto, dicen los críticos de la Constitución.
La nueva Constitución se basa en el supuesto de que hay 2.2 millones de indígenas en Chile, o alrededor del 12% de la población. Pero muchos expertos dicen que la cifra real es de alrededor de 500.000, porque muchos chilenos se identificaron falsamente como descendientes de indígenas en el censo de 2017 con la esperanza de recibir subsidios del gobierno.
La senadora Ximena Rincón, que fue ministra en el gobierno de centroizquierda de la expresidenta Michelle Bachelet, me dijo que la nueva Constitución le da al voto de cada indígena tres veces más representación en el Congreso que al voto de un no indígena.
“Si se aprueba la nueva Constitución, Chile va a dejar de ser una sola nación, y pasará a ser un conjunto de naciones”, me dijo Rincón. “Creo que no es necesario desintegrar el país para reconocer la pluriculturalidad”.
Los defensores de la nueva Constitución, a su vez, argumentan que el texto constitucional representa el sentir de todos los chilenos, porque un 78% votó en 2020 a favor de redactar una nueva Constitución, y al año siguiente se eligió a los 155 constituyentes.
Aunque las encuestas actuales muestran que si la votación fuera hoy ganaría el rechazo a la nueva Constitución, el resultado del plebiscito es incierto.
Boric apoya la aprobación de la Constitución, bajo la premisa de que sus deficiencias pueden corregirse más adelante mediante leyes secundarias. Pero ese argumento es cuestionable, porque el texto tiene cláusulas ambiguas que podrían hacer difícil cambiar la Constitución una vez que sea aprobada.
El mejor resultado para Chile sería rechazar la nueva Constitución en el plebiscito de septiembre y redactar una nueva carta magna que aumente los derechos indígenas y de otras minorías de una forma mucho más consensuada. El texto actual amenaza con producir una mayor división, violencia, fuga de capitales, estancamiento económico y más pobreza.