Sin definir aún qué zonas, ni cuánto le costará esto a los conductores, el jefe de gabinete de la intendencia, Federico Mora, intendente de facto por la ausencia del intendente, comunicó que el estacionamiento tarifado volverá a implementarse desde agosto o setiembre, como resultado de haber perdido un juicio planteado por el consorcio Parxin, al que le adjudicaron el servicio y luego se lo rescindieron.
Hablemos de ese proceso.
En un comentario del 2017 titulado “República de la sospecha” nos referíamos a esa adjudicación y a muy curiosos detalles vinculados a ella.
La concesión había sido preparada bajo la administración de Arnaldo Samaniego, y llamativamente concedida a todo trapo por su reemplazante interino Omar Pico, a solo cinco días de que asuman el nuevo intendente y los concejales electos.
Sólo ese detalle ya debería activar todas las alarmas. ¿Cómo es posible que un concejal que asume por muy pocos meses la administración municipal (ya que Samaniego renunció porque quería ser reelecto) asume un compromiso de concesión para el municipio por varios lustros?
Esto además de que una de las empresas competidoras denunció ante la Contraloría que Omar Pico “de manera inesperada, sorpresiva y encubierta” violó procesos formales y administrativos internos, porque aunque la compañía Parxin presentó balances de los tres últimos años sin movimiento, le adjudicaron todos los puntos de la licitación.
La irresponsabilidad fue compartida por la siguiente administración municipal, ya que en lugar de parar la concesión, el nuevo intendente Mario Ferreiro la promulgó, en medio de cuestionamientos porque su entonces jefe de gabinete Max Rejalaga había asesorado a la empresa adjudicada.
Recuerdo que el caso se volvió tan oscuro e indefendible, que en una entrevista en la 730AM, que también mencionamos en el comentario, los entonces concejales Tony Apuril y Sebastián Villarejo, el primero apoyando la concesión y el segundo oponiéndose, coincidieron y admitieron que no conocían a los socios paraguayos de la empresa, a los que otorgaron la concesión del negocio.
Las críticas surgidas luego de un proceso absolutamente opaco y sospechoso, y el deseo de quedar bien parados ante las masivas críticas ciudadanas, llevaron en ese 2017 a que la Contraloría recomendara la rescisión del contrato, a que el Defensor del Pueblo amenazara con un recurso de amparo si es que el entonces intendente Ferreiro no rescindía el contrato, algo que finalmente hizo.
Como producto de ello, la empresa demandó al municipio, y ahora la municipalidad nos dice que tras perder en varias instancias, deberá entregarle la concesión del cobro y control del estacionamiento tarifado en Asunción o indemnizarla por 5 millones de dólares.
El otro detalle es que la empresa pretende hacer una transferencia de contrato (y por ende de derechos) a otra empresa, para lo que debe presentar una propuesta próximamente.
El caramelito con el que pretenden endulzar esta agria decisión para quienes tributan en Asunción, es que tendrán algunas horas de gracia y, quizás, una tarifa diferenciada a la del resto de los conductores, aunque sabemos que eso es tan gelatinoso y variable con el tiempo una vez que la resignación y el acostumbramiento ganen los espíritus bajo la lógica de los hechos consumados.
La verdad es que debería buscarse la forma y los recursos para que los administradores de la cosa pública respondan con sus bienes personales por tomar decisiones que comprometen al patrimonio público y perjudican al ciudadano, con decisiones que tienen el inconfundible y hediondo tufo de la sospecha.