“King Kong” y el sicariato

La ejecución por sicarios del presunto jefe narco Óscar Cardozo, alias King Kong, ocurrida el domingo 3 de julio en el distrito de Cambyretã, departamento de Itapúa, permitió que saltara a la luz pública una situación que, lamentablemente, es bastante frecuente en nuestro poco fiable sistema legal: el de la excesiva facilidad con que procesados de “peso” obtienen resoluciones favorables a sus intereses.

audima

Cardozo gozaba de prisión domiciliaria que le fue concedido por la jueza penal de garantías de María Auxiliadora, Karina Ruiz Díaz Noviski, quien actuó con notoria “eficacia” al punto que ya el 22 de junio, antes siquiera de que el procesado se encuentre a disposición de la justicia paraguaya, fijó audiencia de imposición de medidas para el domingo 26 de ese mes, fecha en la que le benefició con la prisión domiciliaria.

El encausado tenía dos imputaciones por homicidio en los cuales estuvo prófugo y contaba con frondosos antecedentes criminales, como casos de narcotráfico en la Argentina donde estaba preso. No pesó este hecho (¿o sí?) para otorgar una medida favorable, pese a la oposición del Ministerio Público.

El departamento de Itapúa, ese “otro país” que políticos en campaña suelen elogiar en sus discursos de ocasión, de repente se está convirtiendo en “zona caliente” por la inseguridad. El sicariato como método para resolver problemas entre grupos mafiosos se está instalando en la zona, una parte del país caracterizada por la tranquilidad y por ser pacífica.

Si nos preguntamos sobre las causas por las que últimamente estamos llegando a este estadio de inseguridad y violencia, las respuestas las podemos encontrar precisamente en este tipo de debilidades del sistema legal. Jueces “generosos” con peligrosos delincuentes, fiscales inoperantes, policías protectores de narcos y de sus cargamentos en tránsito, además de políticos prominentes que hacen de “padrinos” de los delincuentes de peso pesado en las regiones propician que estos grupos criminales, violentos, crezcan a la sombra de esa corrupción que corroe todos los estamentos públicos de nuestro país.

Ante un panorama tan poco alentador no escuchamos a nuestros diputados, senadores o gobernador golpear la mesa y exigir que responsables de las instituciones del Estado cumplan su obligación de dar seguridad y tranquilidad a una ciudadanía que ya bastante tiene con soportar las condiciones de precariedad en que tiene que vivir por causa de una “clase” política rapaz, generadora de pobreza material y humana.

jaroa@abc.com.py

Lo
más leído
del día