La ejecución presupuestaria de la administración del exintendente Juan Carlos Meza (PLRA) y parte de la administración del actual intendente José Luis Benítez (ANR) fue rechazada por la Junta Municipal. Votaron por el rechazo siete concejales colorados y por la aprobación cinco liberales.
De todos modos el cuerpo legislativo cuestionó varios puntos, pero sobresale la obra del palacete municipal, paralizada desde el año pasado. Por la construcción ya se pagaron G. 3.431.797.276 de fondos provenientes de royalties que ahora investiga la Contraloría General de la República (CGR), la rendición de cuenta a fin de determinar si es correcta o no la utilización del dinero provenientes de las compensaciones.
También se ha detectado en el estudio contable omisión de cobros en concepto de impuestos inmobiliarios por valor de G. 280.160.639. Este monto se hubiera invertido en reparación de calles y caminos vecinales deteriorados. Además de otras anomalías de otros rubros.
Pero el más cuestionado es la presunta malversación de fondos de G. 1.197.188.593 equivalente al 60 por ciento que le corresponde a la Municipalidad por la coparticipación en el cobro de impuesto inmobiliario. Esta suma fue destinada para financiar gastos corrientes en contravención al artículo 179 de la Ley Orgánica Municipal.
Deberá responder a las observaciones de la Junta Municipal, el actual intendente José Luis Benítez a quien le corresponde la administración de los meses de noviembre y diciembre de 2021.
El gobierno municipal es ejercido por dos organismos: el intendente municipal que es el ejecutivo y representante de la Comuna, y por la Junta que es el órgano legislativo y contralor de la administración y el uso del dinero de los contribuyentes.
Ambas autoridades iguales ante la Constitución y la Ley Orgánica Municipal tienen el compromiso de cumplir con el mandato del pueblo cual es el de administrar con honestidad los bienes y patrimoniales del Municipio. Además de rendir cuentas deben promover el crecimiento y desarrollo de la comunidad.