Las autoridades deben tomarse en serio esta cuestión; ya que por “quedar bien” tienen en proceso una ley que a todas luces es de cumplimiento imposible debido a que la FAP, brazo ejecutor, no está en condiciones para tal.
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Por otra parte, Paraguay es signatario del Convenio de Chicago que entre otras cosas especifica que no se podrán utilizar armas contra aeronaves civiles, pero sí podrán interceptarlas en caso de violación de normas.
No obstante, frente a esta justificación una triste realidad es que tampoco tenemos formas efectivas para la interceptación de narcoavionetas pues el problema no solo es el avión militar.
Estimaciones extraoficiales dan cuenta de que diariamente ocurren entre 30 y 50 vuelos ilegales en nuestro espacio aéreo que “no vemos” porque no hay radar que los detecte. Además de una ley, también necesitamos inversión.
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En ese sentido, lo más cercano y menos costoso que tenemos es a nuestro vecino Brasil. El uso de la tecnología brasileña con una inversión de unos US$ 165 millones (nada frente a los millones que supone la ilegalidad derivada del narcotráfico) puede ser un camino viable. De cara a otras propuestas, esta parece ser ventajosa.
Por ejemplo, la cercanía geográfica así como el trabajo de cooperación aeronáutica militar de más de cuatro décadas. En cuanto a tecnología en sí, se tiene que por ejemplo cuatro radares brasileños cuestan lo que dos radares de otra procedencia, por citar algunas cuestiones.
De acuerdo a expertos, con esa inversión se podrían adquirir también los mentados Super Tucano (seis en total que incluso ya cuentan con código SNIP).
Si de verdad hay voluntad para controlar el espacio aéreo y de combatir estos crímenes debemos ser pragmáticos. La disyuntiva de si derribamos o no debería estar fuera de discusión ya que Paraguay tiene un compromiso asumido a este respecto.
Asimismo, de nada nos sirve tener una ley simplemente. También debemos -y eso es imperativo- tener los medios para su cumplimiento de la manera más práctica y menos costosa posible.