La versión aprobada en Diputados eliminó finalmente la figura del derribo de aviones incorporando la figura de disparos intimidatorios como procedimiento.
Paralelamente en Senadores existe otro proyecto que será analizado, que incorpora la figura del derribo en caso de considerar a una aeronave como hostil.
Sin entrar a la disquisición sobre la conveniencia o no de aprobar una ley nacional que contemple ese recurso extremo, es sin embargo importante recordar un par de cosas pendientes vinculadas al verdadero combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en lo que se refiere al espacio aéreo.
Es solo cuestión de hacer números. Para abastecer a una de las tantas cargas de contenedores paraguayos detectadas últimamente en Europa, con entre 15.000 y 20.000 kilos de cocaína, son necesarios entre 40 y 50 vuelos.
Es decir que entre 40 y 50 veces los aviones debe atravesar nuestro espacio aéreo para transportar un promedio de entre 300 y 400 kilos por viaje, para poder cumplir el objetivo de llegar a esas toneladas.
Claro, esto sin hablar de toda la logística que es necesaria para recibir la carga en el punto de destino en territorio paraguayo, transportarla por tierra y acopiarla en algún depósito desde el que saldrá rumbo a algún puerto para ser embarcada rumbo a su destino final.
Pero nadie ve nada. Ni por tierra ni por aire.
No dejando de lado la evidente complicidad que para el operativo terrestre requieren estos grupos criminales, es importante también recordar que las Fuerzas Armadas, encargadas de la defensa de nuestro espacio aéreo, no tienen ni radares ni aeronaves de intercepción de estos pequeños aviones que vuelan a muy baja altura.
“Yo estoy de acuerdo con que urgentemente debemos contar con radares primarios”, nos decía esta semana en la 730AM, el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa.
El funcionario estima en poco más de diez millones de dólares la inversión necesaria para que los responsables del control y defensa del espacio aéreo puedan contar con varios radares primarios fijos y móviles que les permitan cumplir con esta obligación constitucional.
Diez millones de dólares son nada al lado de la enorme utilidad que podría tener esta herramienta para combatir a los grupos del crimen organizado.
Claro, eso siempre y cuando exista la voluntad política real para ello y no una pirotecnia de simulacro que deje las cosas tal cual están.
Y reforzando el pensamiento de que algo más se puede hacer, tampoco es mala idea que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) realicen una exhaustiva investigación sobre las poco más de mil aeronaves que están actualmente inscriptas en el registro aeronáutico nacional.
Quizás se encuentren con varios casos de aviones registrados a nombre de humildes trabajadores de servicio doméstico o informales.
Definitivamente, el combate puede y debe comenzar en tierra y no en el aire.