También recordamos a los colegas que enfrentan procesos penales por difamación y calumnia, un absurdo mayúsculo pese a que tenemos cuatro artículos de la Constitución Nacional (26, 27, 28, y 29) que garantizan la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho a informarse.
En la búsqueda de respuestas a estas cuestiones que coartan la libertad de expresión, cinco años atrás nacía la Mesa de Seguridad de Periodistas constituida por instituciones del Estado y gremios de periodistas.
En algún punto, hacía “ruido” integrar una mesa con instancias del Estado ya que el periodismo es un contrapoder y se veían, y se siguen viendo, por así decirlo, como “fuerzas antagónicas” en el escenario informativo diario.
De naturaleza reactiva en sus principios, la Mesa ha ido evolucionando hasta llegar hoy a un Proyecto de Ley de Protección a Periodistas y Defensores de DDHH. Dicho proyecto fue puesto bajo la lupa en el marco del seminario internacional “Hacia un marco jurídico de protección a periodistas y defensores de DD.HH. en el Paraguay”, organizado por la comisión de DD.HH. del Senado, cuyo presidente es el senador Gilberto Apuril e IDEA.
Muchas ideas interesantes han surgido de esta actividad así como también algunas cuestiones que le faltan al proyecto. A saber, uno de los más resaltantes es que el documento no aborda los tipos penales de difamación, calumnia e injuria.
Sancionar mediante procesos penales la publicación de informaciones de itnerés público es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana de DD.HH. En Paraguay se criminaliza la tarea informativa y se utiliza el sistema judicial para castigar publicaciones que señalan el actuar, si no corrupto, al menos sospechoso de funcionarios y exfuncionarios públicos que se llenan sus bolsillos robando al pueblo.
Una ley que proteja el ejercicio del periodismo es una ley necesaria para los trabajadores de la prensa y también para la consolidación de la democracia.