El marco legal es uno de los aspectos en los que se han observado avances de relevancia. Hemos logrado incorporar significativas reformas legislativas: la Ley No. 4788/2012 Combate a la Trata de Personas, la Ley No. 5446/2015 Políticas Públicas para Mujeres Rurales, la Ley N°5777/2016 “Protección Integral en contra de todas las formas de Violencia hacia las Mujeres, son muestra de ello. Sin lugar a dudas, este marco regulador nos da esperanza para seguir avanzando hacia los desafíos y metas del ODS 5. No obstante, aún queda pendiente una revisión normativa general para garantizar la igualdad y no discriminación hacia las mujeres, así como la eliminación de toda forma de violencia.
Superar las brechas de desigualdad en la representación política es otra de nuestras metas. Para ello resulta indispensable fortalecer las capacidades de las mujeres; conscientes de que estamos en un esquema de dificultades de acceso. Pero esto, más que debilitarnos, nos estimula a redoblar esfuerzos para superar las barreras culturales y reflexionar sobre el sistema electoral. Precisamente, la violencia política ha sido una de las dificultades más limitantes, evidenciada especialmente antes y durante el calendario electoral en las últimas elecciones.
Otro de los grandes temas que debe afrontar el Paraguay es el aumento de la violencia contra las mujeres, adolescentes y las niñas, particularmente acentuada durante la pandemia por COVID-19. Solo en el 2021 se registraron 8.639 llamadas por violencia al número 137, 20 intentos de feminicidio, 35 feminicidios y el consecuente resultado de 61 huérfanos. La alianza público-privada en materia de prevención, a través de iniciativas como el Sello Empresa Segura Libre de violencia y discriminación contra las mujeres, y la Campaña Tapabocas 37, buscan dar un aporte y avanzar en el camino hacia un país libre de violencia hacia las mujeres.
La tarea de prevenir la violencia contra las mujeres y niñas y de protegerlas desde las Instituciones del Estado, se vuelve especialmente difícil atendiendo a que actualmente el presupuesto del Ministerio de la Mujer es de aproximadamente el 0,02% del Presupuesto General de la Nación. En este contexto, el apoyo sustancial al Ministerio de la Mujer y al Ministerio del Interior se hace prioritario para asegurar que el plan piloto de respuesta inmediata al feminicidio y la violencia contra las mujeres, implementado en la capital y área metropolitana, llegue también al interior del país. Urge que todos nos unamos en pos de este fin.
Realidades y urgencias
La recarga de tareas de cuidado debido a las clases virtuales desde el hogar, la atención a enfermos y el habitual cuidado de personas dependientes, recayó casi exclusivamente en las mujeres, con exigencias exacerbadas y con los riesgos de salud mental y general; en particular ante la situación de crisis sanitaria.
La crisis económica generada a raíz de la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto diferenciado sobre las mujeres. Entre el primer y segundo trimestre de 2020, cuando las restricciones y las medidas de distanciamiento físico alcanzaron su mayor grado de intensidad, alrededor de 216.000 personas dejaron de formar parte de la fuerza de trabajo, de las cuales casi 166.000 (el 76,7%) fueron mujeres. Las trabajadoras más afectadas en Paraguay se concentraron en zonas urbanas y en ramas laborales como el comercio, los restaurantes y los hoteles y los servicios. La exclusión de las mujeres del mercado laboral como efecto primario de la incertidumbre trae aparejadas trayectorias laborales más discontinuas e inseguras, que menoscaban la capacidad de las mujeres para ejercer autonomía económica.
Paradójicamente, la crisis también puso en evidencia la relevancia que tienen áreas de trabajo marcadamente feminizadas para el funcionamiento del conjunto de las estructuras sociales. Mientras algunos sectores labores se replegaban, otros ámbitos ocupados mayoritariamente por mujeres se convertían en campos estratégicos de respuesta a la pandemia; como en el caso de las enfermeras, las trabajadoras domésticas, las cuidadoras, las limpiadoras, las cocineras, las vendedoras de alimentos y otras trabajadoras cuyas tareas fueron reconocidas como esenciales.
Por otra parte, a la par que disminuyó la participación de las mujeres en el mercado laboral, aumentó la carga de trabajo no remunerado necesario para el sostenimiento de la vida cotidiana. En Paraguay, la Encuesta de Uso del Tiempo aplicada en 2016, muestra que las mujeres dedican casi el doble de tiempo que los hombres al cuidado de miembros del hogar y más que el triple al trabajo doméstico no remunerado. Con la llegada de la pandemia, el peso de estas responsabilidades experimentó un notorio incremento. La suspensión de las clases presenciales, la difusión del teletrabajo y el paro laboral hicieron que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares, a la vez que creció notoriamente la demanda de atención de las personas enfermas.
Desde el Ministerio de la Mujer y el PNUD Paraguay reafirmamos nuestro compromiso de congregar a todos los sectores para la lucha en pos de erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas; además de impulsar el empoderamiento económico de las mujeres y alentar el protagonismo de las mismas y su acceso a la toma de decisiones para cerrar brechas de desigualdad y consolidar el desarrollo.
Construir relaciones igualitarias y libres de discriminación para las mujeres, adolescentes y las niñas es una meta que nos debe reunir a todos. La igualdad de género, la representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, son fundamentales para alcanzar ese futuro mejor. Es por ello que parte de la Agenda 2030, a través del ODS 5 y en los contenidos de género implicados en los otros objetivos, nos plantea el reto de abordar la realización del flagelo de la violencia en su doble dimensión, como un imperativo de derechos humanos y como un requisito para el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.
*Celina Lezcano, ministra de la Mujer y Silvia Morimoto representante residente del PNUD