Sustraer a la Policía del control civil, es exponerla al control de la mafia. Y es precisamente lo que está sucediendo y es la razón por la que la inseguridad crece sin solución de continuidad en nuestro país.
La Ley 222, Orgánica Policial, promulgada apenas un año después que nuestra Constitución, increíblemente ya puso freno a la disposición constitucional que ordena que “La Policía Nacional es una institución profesional... en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación”.
Está en castellano llano y simple: La Policía Nacional debe estar subordinada a, y controlada por, el ministro del Interior.
La Ley 222 restringe ilegítimamente el mandato constitucional de sumisión de la Policía al control político al independizar del poder civil la mayor parte de la gestión de la política de seguridad, lo cual ya venía impidiendo a todos los gobiernos, desde 1993, desarrollar un verdadero programa de seguridad pública.
Pero Horacio Cartes, desde que asumió la presidencia de la República el 15 de agosto de 2013, actuó febril, aunque siempre discretamente, para agravar la tara de la autonomía policial.
El primer cambio vino con la modificación de la Ley de Defensa, la 1337, con la Ley 5036, que de un modo supuestamente transitorio y limitado, que se convirtió en permanente, saca al ministro del Interior de la cadena de mando de la Policía Nacional, supuestamente para áreas limitadas del territorio, en su artículo 56: “…el Presidente de la República… tendrá la conducción de todas las fuerzas militares y policiales afectadas, y podrá designar un comandante de las operaciones de esas fuerzas, en cuyo caso estas le quedarán subordinadas exclusivamente en el ámbito territorial y por el tiempo definido en el Decreto respectivo”.
Cartes complementó eso con el decreto 103 de 2013, que dispone en su artículo 3 que “los integrantes de la Policía Nacional y de la SENAD, desplegados en los Departamentos mencionados más arriba, pasarán bajo Control Operacional del Comandante” de la Fuerza de Tarea Conjunta.
En diciembre de 2016, el entonces presidente consolidó los cambios mediante la Ley 5757, que modifica para peor la Ley 222, logrando modificar el artículo 150 de la esta norma, que se refiere a las atribuciones del Comando de la Policía, agregándole una atribución sustantiva con una aparentemente inocente frase sumada al texto de 1993: “…administración y empleo de los recursos presupuestarios, humanos…”
Con esto, la Policía Nacional legalizaba su autonomía presupuestaria ante el ministerio del Interior.
Con todo esto, y seguramente con otras disposiciones más, el ministro del Interior se convirtió en una figura más decorativa de lo que ya era, completamente incapaz de efectivizar ninguna política de seguridad, pues la limitada capacidad de control y mando sobre la Policía Nacional terminó por desaparecer.
En setiembre de 2018, el presidente Mario Abdo Benítez promulgó el decreto 242, que no corrige la posición del ministro del Interior ante la Policía, y lo mantiene como figura decorativa, aunque le encarga tareas propias de esos “couchings” que usan las empresas para motivar a sus empleados.
La opción es simple: O la Policía es controlada por el poder político, o es controlada por la mafia. No hay puntos medios.