Las reformas en América Latina, de primera y de segunda generación, definidas por Martinic (2001) son aquellas que en las de primera generación proponen “reformas hacia adentro” y en estos casos se vierten los esfuerzos en una extensión de la oferta educativa y las de segunda generación, como “reformas hacia afuera”, son más bien centradas en la calidad y equidad de la oferta. Paraguay tuvo bastante éxito en la denominada reforma de “primera generación” pero en esta ocasión deberá diseñar acciones que mejorarán no solamente el número de estudiantes incluidos en el sistema formal sino también la calidad y equidad de la propuesta educativa en todos los niveles.
Ahora bien, pareciera que los ciudadanos de bien de este país tienen el genuino interés en que el PNTE 2030 llegue a buen término y que sus propósitos iniciales se respeten y cumplan. Sin embargo, para que todos estemos en la misma línea de interés debemos determinar cuáles son algunas de las exigencias básicas para que una reforma obtenga los resultados previstos.
Voluntad política estatal: se debe entender y aceptar que la voluntad política es determinante. El hecho de que las reformas sean proyectos a largo plazo no siempre despierta entre los gobernantes de turno un interés auténtico. Por tanto, seamos exigentes con nuestros gobernantes y señalemos que el éxito depende de la visión, honestidad y voluntad política de ellos mismos.
La reforma educativa es compleja y conflictiva y no necesariamente complicada. Esta surge en un contexto social, político y económico determinado, aspectos que influyen en todas las áreas afectadas. Es así como la situación económica financiera juega un rol determinante en el momento del diseño y la implementación. No es la escuela la que debe ceñirse a la financiación disponible; por el contrario, es la financiación la que deberá estar al servicio de la necesidad educativa. En la actualidad, los países que peor desempeño han demostrado en las evaluaciones de aprendizaje son los que se han resistido a financiar adecuadamente la mejora de la calidad en educación escolar. Nos preguntamos si los gobiernos reaccionan ante la inversión financiera según el impacto político y electoral que pudieran tener sus acciones; de ser así, la debilidad en el área financiera sería suficiente para esperar un fracaso en el PNTE2030. Desde luego que no se trata de incrementar solamente los fondos financieros, pero, sin duda, una sustancial mejora de la eficacia y la eficiencia en el uso de dichos fondos. Se debe buscar un presupuesto equitativo y sostenible que maximice la inversión y así se logre el mayor impacto sobre los elementos que verdaderamente influyen en la mejora de la educación. Es fundamental recordar que el éxito del PNTE2030 dentro de esta red compleja no dependerá solamente de la cartera de Educación; dependerá asimismo de todas aquellas agencias, gubernamentales y civiles, responsables del bienestar de sus estudiantes.
La necesidad de ir incrementando paulatinamente la responsabilidad en los mismos agentes de la educación resultara en una mayor descentralización y autonomía, que tendrán su valor e influencia en la dirección correcta de la reforma. Considerando el contexto actual de nuestro país, deberá ser esta gradual y parcial; más aún, teniendo en cuenta que históricamente los educadores del país pertenecen a sistemas burocráticos y con tradiciones autoritarias, originadas por sus mismos sindicatos o por la cartera ministerial. Idealmente, cada educador deberá contar con las competencias necesarias para la toma de decisiones que le permitirá diseñar y ejecutar las acciones pertinentes en su entorno inmediato. Sin desdeñar la importancia y el rol del nivel central, que deberá establecer las metas y criterios básicos para el logro de los objetivos comunes, se debe buscar evitar un repliegue del estado y una despreocupación de su rol primordial. Debemos tener siempre presente, que la distribución de la responsabilidad pública debe estar acompañada de las competencias y recursos justos y equitativos, sin olvidar que la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país implican un cambio cultural donde el interés personal debe ser sustituido por el bien común. A esto último lo designaríamos como descentralización y autonomía justa y responsable.
Toda reforma es continua y permanente. Lejos está de ser estática y aislada. Debemos ser conscientes de que todo cambio implica un re-cambio para no ceñirnos a modelos consolidados y únicos en el tiempo. Aceptar el concepto de que toda reforma incluye un movimiento constante, no necesariamente apresurado, en el momento adecuado, es decir, que toda implementación de políticas, estrategias y acciones escolares debe ser revisada objetivamente, repensar los caminos emprendidos, y rediseñar una propuesta alternativa. Lo contrario sería esperar que corran los años y las decisiones o revisiones no tengan consecuencias prácticas y sobre todo perjudiquen a los estudiantes que verán afectado su futuro por el rezago o la ausencia de oportunidades por una educación deficitaria. La lógica del cambio permanente, según vayan surgiendo las necesidades y evidencias, ayuda a la aceptación de nuevos modelos organizativos y pedagógicos al nivel más relevante, que es la escuela misma. Los expertos académicos y analistas financieros deberán estar atentos a los ajustes que se deberán hacer en el momento apropiado. Toda reforma educativa implica un proceso de autorrenovación constante, es decir, es un proceso autopoiético, donde el protagonista principal es el mismo sujeto que busca aprender.
No debemos olvidar que el aprendizaje es básicamente un resultado del esfuerzo humano y como tal, tiene una amplia variabilidad, diversidad y necesidades y que el Estado tiene la responsabilidad de establecer las prioridades basadas en realidades y no en presiones sociales, presupuestarias o políticas partidarias. Si los gobernantes actuales y los próximos aceptan y conducen con seriedad y honestidad una reforma educativa escolar sustantiva podríamos en dos décadas contar con ciudadanos agradecidos por el esfuerzo y compromiso.