Son las políticas definidas y programadas en la Agenda 2030, con la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pretende nada menos que “el Desarrollo Sostenible y la paz y la prosperidad de todos los pueblos.
Valeria Insfrán analiza crítica e inteligentemente lamentables e irracionales debilidades y errores de la posmodernidad. Y respaldándose con la autoridad y los argumentos de Stephen R.C. Hicks, experto internacionalmente reconocido, demuestra que dichas políticas de la Agenda 2030 están sumergidas en lo peor de la posmodernidad.
Lo inadmisible y preocupante es que nuestro gobierno con nuestros ministros citados han asumido tales políticas, impuestas por la ONU, sin saber (es lo que se puede pensar dadas las consecuencias desastrosas de los hechos) qué es lo que han asumido y qué es lo que la ONU tiene derecho y puede imponer en este campo.
Paraguay es un país y un pueblo soberanos, tal como se reafirma y define en el Preámbulo y el artículo 2º de la Constitución Nacional. Nadie (ni la ONU) puede imponerle políticas públicas que destruyen instituciones, valores y derechos garantizados en el Derecho Natural y además porque son propios de sus culturas autóctonas y no autóctonas presentes en el país, y constituyen pilares fundamentales de su identidad, su historia y su derecho.
El hecho es que las políticas de la Agenda 2030 no solo no contribuyen al Desarrollo Sostenible ni a la paz y prosperidad del Paraguay, sino que sutil, pero real y eficientemente amenazan, minan y destruyen, por ejemplo, la VIDA, promoviendo el aborto y la eutanasia; la FAMILIA y el MATRIMONIO institucional, promoviendo la igualdad de derechos con lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGBTI).
Como la posmodernidad, las políticas de la Agenda 2030 se caracterizan por su marginación y rechazo a la razón y a la racionalidad, pretendiendo justificarse en los sentimientos.
En este momento histórico de máximo prestigio y credibilidad extraordinaria de las ciencias, la Agenda 2030 ampara y promueve la “ideología de género”, que margina a la biología y se pretende fundamentar en la cultura, pero una neocultura truncada, porque prescinde de ciencias como la biología y la lingüística reales para suplirlas con la pseudocultura y una serie de neologismos arbitrarios, tan torpes como usar la palabra gramatical “género” en vez de la palabra científica y popular “sexo”.
El Presidente del Gobierno y el ministro de Educación y Ciencias, responsables del gobierno, dirección y administración de la Educación pública, y la ministra de la Niñez y la Adolescencia, han decidido someter el sistema y los procesos educativos a las políticas impuestas por la Agenda 2030 y con ellas han introducido e impuesto el adoctrinamiento en la ideología de género, violando así el artículo 74 de la Constitución Nacional que impide la imposición de una ideología y garantiza el pluralismo ideológico.
Por otra parte, los responsables del gobierno no pueden tomar ninguna decisión de políticas educativas sin previa consulta permanente a la sociedad, a través de las instituciones y organizaciones involucradas en la educación, como las asociaciones de directores, las asociaciones de profesores, las comunidades educativas (inexistentes, según las define el artículo 11 de la LGE) y las asociaciones estudiantiles, de acuerdo al mandato del artículo 19 de la Ley General de Educación.
Esta imposición de políticas públicas evidencia que nuestra educación pública esta alienada, porque está regida con políticas foráneas, adversas a los fines y principios de nuestro sistema educativo, definidos en los artículos 9 x 10 de la Ley General de Educación y en el artículo 5º de la Ley 4995 de Educación Superior. Ciertamente destruyen instituciones, valores y derechos de los ciudadanos paraguayos.
Tan gravemente perjudiciales son las políticas foráneas impuestas, como escandaloso el modo de proceder de quienes las han secundado en nuestro país imponiéndolas inconstitucional e ilegalmente al soberano y democrático pueblo paraguayo.