Y es que en la última parte de la etapa probatoria el Ministerio Público, representado por el fiscal Osmar Legal, está exhibiendo los datos extraídos de dos celulares incautados al exdirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Para obtener la información contenida en ambos aparatos se utilizó tecnología de procedencia israelí.
El informe sobre los datos extraídos de ambos celulares contiene más de 15.000 páginas, en las que se detallan mensajes de texto, audios, imágenes y llamadas que el acusado de usura y lavado de dinero intercambió con su hijo y los “acreedores”.
La primera parte del informe se mostró ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, en la audiencia del viernes, y desnuda el esquema de “apriete” que usaba el clan familiar para cobrar los préstamos con excesivos intereses, que incluso llegaban al 72% anual, según reveló la pericia del Ministerio Público.
También revela el trato humillante y hasta inmoral que debían soportar las víctimas de usura de parte del hermano del hoy fallecido exsenador cartista Óscar Alberto González Daher.
Entre las conversaciones exhibidas por el fiscal Osmar Legal el viernes está una que el acusado mantuvo en el 2017 con el juez Luis Benítez, a quien luego de varios atrasos en sus pagos Ramón González Daher amenazó con denunciarlo, indicándole que le iba a “fundir la vida”. Envió además varios screen de pantalla con la información sobre la reelección de su hermano como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Este amedrentamiento prueba que el clan familiar funcionaba con total libertad, ya que utilizaba a la fiscalía para perseguir a las víctimas de usura que eran denunciadas por estafa y al JEM, que en lugar de investigar por mal desempeño a los agentes fiscales que, imputaban a mansalva a las víctimas del clan usurero, servía como garrote para castigar a los encargados de impartir justicia que no se alineaban a los intereses de la familia luqueña.
Atendiendo a los testimonios de las víctimas y las contundentes pruebas presentadas por el Ministerio Público, el tribunal integrado por las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Portillo y Yolanda Morel tiene ahora el desafío de aplicar una ejemplar condena a RGD y su hijo, en honor quienes perdieron sus bienes a causa de la usura y de la sociedad que espera justicia.