Esta complejidad no es nueva, pero se ve exacerbada por el enorme impacto –todavía no plenamente contabilizado en el imaginario y en la historia del país– de la mayor crisis que nos ha tocado vivir en tiempos de paz, y que nos estremeció cuando ya teníamos un tropezón previo en 2019.
Durante el 2019, la economía paraguaya tuvo una contracción de los principales sectores económicos por el débil desempeño de los principales socios comerciales y las condiciones climáticas adversas. En el segundo semestre de ese año, las medidas contracíclicas del Plan de Reactivación impulsaron la recuperación económica con la aceleración de las inversiones en infraestructura pública, buscando promover la producción y el comercio.
Las previsiones de crecimiento para el año 2020 se presentaban alentadoras, y se estimaba que el crecimiento de la economía estaría en torno al 4%. Sin embargo, en marzo la irrupción de la pandemia cambió radicalmente el escenario, ante lo que hubo que tomar medidas de urgencia para enfrentar los efectos del covid-19 en nuestro país.
Al inicio de la pandemia, el Gobierno, a través de la Ley de Emergencia Nacional, dispuso acciones y recursos para fortalecer el sistema de salud, proteger el empleo, las empresas y a los sectores más vulnerables y para mantener el funcionamiento del Estado.
Entre las medidas que más contribuyeron a la recuperación se destacan los programas de ayuda económica dirigidos principalmente a trabajadores formales a través del IPS e informales como Pytyvõ, el subsidio de los servicios básicos a las familias, los créditos y garantías otorgados mediante la banca pública, las facilidades tributarias y las medidas de contención a sectores comerciales.
En una segunda etapa, se puso en marcha el Plan de Recuperación Económica denominado Ñapu’ã Paraguay, enfocado en tres ejes principales: el de protección social para aquellos sectores que aún necesitaban de la ayuda del Gobierno para su recuperación; el de financiamiento con líneas de créditos para los sectores económicos más afectados (gastronómicos, servicios, hotelero, etc.) que requirieron de recursos para volver a la actividad económica pre pandemia; y por último el eje de inversiones públicas, con la estrategia de impulsar aquellos proyectos con mayor impacto en la generación de mano de obra, alcanzando al cierre del año 2020 un nivel récord de inversión pública de 3,6% del PIB.
Y, ahora, en una tercera etapa, ya en este segundo año de pandemia, la ley de Consolidación Económica y de Contención Social tiene el propósito de consolidar las medidas económicas de manera más focalizada. Las nuevas medidas incluyen seguir apoyando a los trabajadores y empresas de determinados sectores. Otros recursos serán asignados a Gastos en Salud y Programas Sociales (US$ 262 millones), específicamente para el Mantenimiento Programa Adultos Mayores, US$ 78 millones; asegurar el financiamiento del sistema de Salud, US$ 105 millones; y para Jubilaciones y Pensiones, US$ 79 millones.
Todo esto ha permitido que, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se estime ahora en 4,5% para 2021, cuando en principio fue de 3,5%. Estas perspectivas tienen que ver también con que hemos sido uno de los primeros países en superar los niveles de crecimiento económico pre pandémico y esperamos que nuestras cuentas fiscales vuelvan a converger a los límites de déficit establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal para el año 2024. Si bien nuestro nivel de deuda pública con relación al PIB ha aumentado, está por debajo del promedio que se espera para los países con la misma calificación, incluso se reconoce como uno de los más bajos de la región.
¿Sirven estos datos concretos para inspirar mayor optimismo y superar las dicotomías señaladas al inicio de este artículo?
Desde nuestra perspectiva, son un fundamento para pensar con mente positiva hacia adelante, pero agregando otro aspecto fundamental, para que avancemos hacia un nuevo estadio de desarrollo la Agenda de Transformación del Estado es imprescindible para un crecimiento más sostenido y una mayor eficiencia del sector público.
Entre las propuestas de reformas que ya fueron puestas a consideración del Congreso, la Ley del Servicio Civil busca instalar la carrera Administrativa, con los principios de meritocracia y eficiencia, a la vez de generar espacio fiscal al liberar recursos que se pueden asignar a áreas prioritarias y la Ley de Compras Públicas, para agilizar y mejorar el proceso; y estamos concluyendo un proyecto de ley para el reordenamiento de las estructuras del Estado, enfocada principalmente en el Poder Ejecutivo.
Desde nuestra posición de autoridad económica del país, postulamos que para hacer más sostenible la recuperación post covid-19 requerimos de un cambio estructural, que impulse una nueva etapa de desarrollo más eficiente, inclusivo y resiliente. Si tomamos las decisiones y acciones planteadas, es posible que Paraguay crezca por encima del “efecto rebote”, con buenos resultados macroeconómicos que se traduzcan en mejores indicadores sociales y menores niveles de pobreza y desigualdad.
Por Óscar Llamosas, Ministro de Hacienda