Pero, al mismo tiempo, lastimosamente, los indígenas también cerraron la ruta para interferir en un proceso judicial porque defendían a un comunitario, acusado de abuso sexual a una menor de un año y cuatro meses. “Retuvieron” por varias horas al defensor público de Boquerón Orlando Aguiar y al consultor técnico de asuntos indígenas Aníbal Benítez, mientras el fiscal de la causa Héctor Velázquez apenas pudo zafarse de los manifestantes.
Dora Penayo, de Derechos Étnicos de la Fiscalía, lamentó la combinación de los dos temas y acusó a una conocida ONG, sin dar el nombre, de manipular a los indígenas, mientras centenares de vehículos con madres y niños tuvieron que parar por horas bajo el Sol. Los nativos exigen manejar el caso del presunto abuso sexual en forma autónoma, dentro de sus comunidades, evocando su derecho consuetudinario y hasta alegaron la falta de una consulta previa, libre e informada, antes de remitir al acusado a la penitenciaría de Concepción.
Es lamentable y dolorosa esta equivocación, que como peor consecuencia desembocaría en dos sistemas jurídicos paralelos en el país. El derecho consuetudinario sí les concede el arreglo autónomo de casos ligeros, pero no así de hechos punibles penales. Esta desorientación surge por el abuso de interpretación de ciertas ONG. También es resultado de la ausencia del Indi en el Chaco, que hasta hoy ni siquiera tiene una oficina, pese a que en la Región Occidental vive la mitad de los indígenas del país.