Esta es una buena noticia porque desde hace años, reconocidos especialistas en economía y en ciencias políticas vienen señalando el hecho de que en nuestro país el tamaño del Estado es demasiado grande y, por ello, los sueldos de los funcionarios públicos se llevan la mayor parte del Presupuesto General de gastos de la Nación.
Se denominan “gastos rígidos” las sumas presupuestarias destinadas exclusivamente al pago de salarios en la función pública. Si únicamente este rubro demanda la mayor porción de la torta del erario público, entonces queda poco margen para que el Estado cumpla con sus obligaciones básicas más importantes, es decir, hacer frente a tantas necesidades en educación, en salud, en rutas, puentes, viviendas populares, asistencia a las personas más necesitadas en general.
El anuncio también es bien recibido por la población en general porque el proyecto implica la disminución del monto que se otorga como sueldo a los servidores del Estado.
Periódicamente, dirigentes sociales, líderes religiosos y hasta algunos representantes de la clase política rechazan las muy altas remuneraciones de muchos funcionarios de instituciones públicas y entes binacionales.
Resulta incomprensible que un profesional del sector privado, con 15 años de experiencia gane el equivalente de cinco a siete salarios mínimos en tanto que el ascensorista del Banco Central o un chofer de una de las entidades binacionales tenga un sueldo mucho más alto con pocos años de antigüedad.
También parece justo eliminar ciertos privilegios de la clase política dirigente. Además de sus altos sueldos, los privilegiados estatales gozan de un seguro médico privado, viáticos para cualquier viaje, gastos de representación, vales de combustibles, subsidios por título universitario, ayuda familiar, dos aguinaldos por año y, en muchos casos, cobran por un concepto absolutamente descabellado: “presentismo”.
El rubro citado en último lugar significa que al trabajador público se le paga un plus por ir a trabajar, por estar “presente” en su lugar de laburo. Es una locura. Si ya tiene un buen sueldo por el trabajo que realiza, pagarle por “presentismo” no tiene justificación alguna.
Según se anunció, cuando se apruebe esta reforma del sistema vigente, ningún funcionario público podrá ganar más que el presidente de la República, cuyo salario es G. 37 millones. Esto es algo básico y absolutamente justo; el jefe de Estado es el funcionario con más alto rango en la escala del funcionariado y es la persona con la mayor responsabilidad y exigencia de dedicación que prevé nuestro sistema jurídico. Entonces es sencillamente inaceptable que un juez, un parlamentario, un consejero o director de una repartición binacional ganen más que el primer mandatario.
Por paradójico que parezca, este replanteamiento del Estado y esta propuesta de disminuir los gastos rígidos, bajando los sueldos y eliminando los privilegios de la clase política, se lo debemos al nuevo corona virus. Es impresionante, una proteína microscópica, invisible, parece que va a lograr lo que decenas de pensadores, líderes de opinión y opositores políticos nunca pudieron obtener: el achicamiento del Estado.
Y, bueno, con esta cuarentena encima, que nos está haciendo sufrir el aislamiento en casa y una gran disminución del aparato productivo, por lo menos ahora nos trae una buena noticia.