Según la mirada de John Locke, el poder otorgado por los gobernados al gobernante está condicionado al correcto obrar éste. Es así que cuando el gobierno pierde el rumbo y abandona el cuidado de su pueblo, el pacto se rompe dando lugar a la rebelión. Nuestro sistema no maneja un proceso automático, pero sí establece una serie de pasos a seguir. Esos pasos no los camina solamente el común, ya que la acción final descansa en la voluntad política.
De este modo se alcanzó, por ejemplo, la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, luego varias denuncias de irregularidades por parte de la administración.
Pedidos como ese llovieron en la Cámara de Diputados, segunda instancia del proceso que nace en las juntas municipales. Uno de ellos llegó en noviembre del 2018, desde un municipio ubicado en el sur del país: Jesús de Tavarangue. Allí los concejales municipales, basados en informes de la Contraloría de la República, denunciaron que la administración de Hernán Schlender era “desastrosa e irregular”. Sin embargo, ni las pruebas arrimadas por los ediles, ni las protestas ciudadanas, que incluyeron la toma de la sede comunal, consiguieron permear el broquel colorado-llanista que terminó por archivar el pedido.
Cinco meses después se concretaría un desenlace previsible: Schlender, imputado por lesión de confianza desde agosto y beneficiado con prisión domiciliaria, ahora sería señalado de lavar dinero, nada menos que del narcotráfico, a través de cuentas de la comuna. Schlender pisoteó el pacto con el pueblo que lo eligió y así lo hicieron también los parlamentarios que ignoraron el pedido de intervención. Valió más -como casi siempre- el poderoso pacto de intereses que trascienden las necesidades del que vota.
Ahora dependerá de la Justicia y sus hombres que el desenlace de esta historia de pactos sea favorable, ahora sí, a los deseos de una comunidad que en pocos meses más deberá volver a depositar su confianza en otra persona, que ojalá entienda que el poder conferido por el pueblo es sagrado.