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Los integrantes de la Comisión La Concordia viven sobre la avenida que lleva ese mismo nombre y desde hace siete años denuncian a una fábrica de vidrio instalada en medio de un barrio residencial.
Según las declaraciones, en el 2004 los vecinos del barrio Jara presentaron una denuncia a la Municipalidad de Asunción sobre la construcción de un tinglado bajo el cual trabajaban en el corte, pulido y esmerilado de vidrio, esparciendo el polvo en el ambiente, afectando a las casas aledañas. A eso se sumó la polución sonora por el ruido que generaban las máquinas, más el ir y venir de los camiones.
Tras la denuncia, siguió la presentación de un plano de construcción, por parte de los propietarios del tinglado, en el que se especificaba que era una vivienda con depósito, de la que seguía saliendo el polvo que quedaba en el ambiente y el ruido.
Las notas de reclamo continuaron y todas las veces que la comuna respondía, acudía el inspector identificado como Miguel López Ocampos, cuyos informes señalaban que “la obra estaba parada” y que la misma “se ajusta a los planos”.
Esto valió al funcionario una denuncia en su contra ante la Municipalidad de Asunción. Un año después, en el 2005, el Juzgado de Faltas de la Comuna resolvió suspender la obra y todas las actividades que se llevaban a cabo en el interior del inmueble, orden que no fue acatada.
Entonces, los vecinos decidieron acudir a la Fiscalía del Ambiente, interviniendo el fiscal Ricardo Merlo quien ordenó la suspensión de obras y los trabajos, orden que también no fue respetada.
La Secretaría del Ambiente también fue otra institución a la que los vecinos tocaron la puerta para recuperar la tranquilidad en el barrio. El ente asignó un interventor que fue hasta el lugar y que tras verificar, expresó que la misma “era una fábrica que se adaptaría a los requerimientos”.
Los vecinos decidieron llevar adelante su reclamo y recurrieron al concejal Rafael Villarejo, luego a la Fiscalía Barrial Nº 9 y, como última instancia, a la Corte Suprema de Justicia que desestimó un amparo promovido por el abogado contratado por los mismos, argumentando que la Municipalidad ya había decretado la paralización.
El año pasado, en setiembre cuando el intendente Arnaldo Samaniego aún no llevaba un año de gestión, los vecinos personalmente le presentaron su queja y le resumieron todo lo que realizaron en varias instituciones, gestiones que no tuvieron respuestas. En esa ocasión, el intendente pidió a una secretaria que tomara nota del caso.
Unas 20 familias están afectadas por la citada empresa, que se encuentra ubicada sobre la calle La Concordia, rodeada de casas familiares.
Algunos de los residentes denunciaron que desde hace 20 años viven en el lugar y desde la instalación de la fábrica fueron visitados constantemente por asaltantes.