Para el martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de febrero de 2025 fue programada la audiencia preliminar para el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Marta Benítez Morínigo, acusados de presunta lesión de confianza en el caso metrobús.
La audiencia preliminar para el exministro y la exviceministra del MOPC será ante el juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto René Otazú Fernández, quien debe analizar el requerimiento del Ministerio Público, que pide elevar a juicio oral la causa para los acusados por el millonario perjuicio al Estado.
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La última vez que Otazú intentó realizar la diligencia fue el 8 de octubre, pero la entonces fiscal de la causa María Estefanía González pidió la suspensión, debido a que fue designada como fiscal adjunta y asumió en el cargo el 9 de octubre, fecha en que estaba prevista la continuación de la diligencia. En su lugar la Fiscalía General del Estado asignó el caso a la agente Yeimy Adle, quien participará en la preliminar.
En la presente causa también fue procesado el gerente del proyecto Metrobús Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, pero falleció en julio último, por lo que el juzgado de Garantías ordenó la extinción de la acción en su contra.
Metrobús causó perjuicio de US$ 23 millones al Estado
Según la acusación fiscal, el fallido metrobús causó al Estado un perjuicio de G. 180.030.528.699 (casi US$ 23 millones al cambio actual) por el pago de un total de 29 certificados de obras a la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa e inviable a consecuencia de las conductas de los ahora acusados.
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El Ministerio Público resalta que Ramón Jiménez Gaona, en función de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, desde el año 2013 al 2018, dentro del marco del proyecto metrobús, no protegió el interés patrimonial del Estado, de cuya consecuencia se generó el pagó de 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones, por una obra inconclusa que no sirve para beneficio de la ciudadanía.
En cuanto a la exviceministra Marta Regina Benítez Morínigo (en el cargo en el periodo 2016-2018), la fiscalía señala que estando en ejercicio de ministra interina del MOPC firmó el convenio modificatorio Nº 4 al contrato con la empresa Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA por el cual se aumentó el contrato en G. 103.483.670.390, causando menoscabo al interés patrimonial del Estado antes que protegerla.
Entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público destacan las declaraciones de funcionarios de Contraloría General de la República, que realizaron los estudios pertinentes y elaboración del informe final de auditoría de cumplimiento al MOPC, de frentistas, quienes expusieron los pormenores del estado calamitoso que vivieron durante el desarrollo de la construcción y posterior al abandono de la obra.
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Graves deficiencias detectadas por la Fiscalía
En total son ocho los hechos que la fiscalía inculpa al exministro Jiménez Gaona, como la falta de liberación de la franja de dominio, la no obtención de permiso de las municipalidades afectadas, se inició la obra sin diseño final, la no aplicación de multas a la contratista de la obra (la portuguesa Mota Engil), la construcción de desagües inadecuados, así como varios hechos más, que causaron un perjuicio al Estado, según el documento de 51 páginas.
Entre los puntos más resaltantes, la fiscalía evidencia en su acusación que con la firma del contrato con Mota Engil, el 31 de marzo del 2016, Jiménez Gaona “vulneró y desprotegió el patrimonio del Estado paraguayo”, tolerando, permitiendo e incumpliendo las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución del metrobús, cuya consecuencia hizo inviable la culminación de los trabajos emprendidos por la firma en el marco del proyecto corredor principal tramos 2 y 3″.
En este sentido, resaltó que el ex alto funcionario licitó la obra sin haber formalizado el acuerdo entre el MOPC y la Municipalidad de San Lorenzo, transgrediendo lo dispuesto en la Ley N° 5133/13 que aprobó los contratos de préstamos con el BID y otros organismos para la financiación de la obra.
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Agregó que, hasta el año 2018, la administración de Ramón Jiménez Gaona no contó con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo así como tampoco con la autorización de la Comuna de Asunción, a pesar de que en ese año se dio el cese de la construcción por parte de la empresa contratista, según puntualiza la acusación fiscal.