CGR revela que intendente de Carapeguá no pudo justificar varias observaciones

CARAPEGUÁ. La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe final de la Fiscalización Especial Inmediata realizada a la gestión del periodo 2022 del intendente local Luciano Cañete (ANR). El ente de control reveló que el ejecutivo no pudo justificar varias observaciones sobre pagos por G. 826.863.973, desembolsados de los recursos de Fonacide y royalties.

CGR reveló que varias observaciones no pudo justificar el intendente de Carapeguá.
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La Junta Municipal local había aprobado la resolución N°535/2022, de solicitar a la CGR una auditoría especial de la ejecución presupuestaria de la gestión del intendente Cañete, donde los auditores del ente de control detectaron deficiencias y debilidades.

Ante dicha situación la CGR emplazó al ejecutivo comunal presentar en 30 días un “Plan de mejoramiento” que permita corregir las deficiencias y debilidades observadas. Además que inicie acciones para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes legales.

Luciano Cañete (ANR), intendente de Carapeguá.

En ese sentido, se menciona que la institución municipal ha pagado con fondos de Fonacide reparaciones en la institución educativa de la compañía Ndavarú por G. 89.966.277. Dicha inversión no cuenta las siguientes documentaciones; certificado de cumplimiento con el seguro social, certificado de no estar en interdicción judicial, de no estar en convocatoria de acreedores y falta de certificado de póliza de seguro.

Otra irregularidad se detectó en la construcción de sanitarios sexados en instituciones educativas por G.184.795.571 provenientes del Fonacide. Dichas obras no cuentan con certificados de cumplimiento del seguro social, póliza de seguros y certificado de no estar en convocatoria de acreedores.

No se realizó retención de impuestos

Asimismo, el intendente no presentó a la CGR la garantía de anticipo por obras adjudicadas por G. 323.350.247 y tampoco se dedujo el fondo de reparo en los certificados de obras de G. 44.957.008. Además, no se realizó la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por G. 9.944.870.

Una de las tantas facturas que observó la CGR y objetó porque no está la descripción del producto y precio unitario.

El ente de control constató también que de los recursos de royalties existen pagos realizados en concepto de adquisición de maquinarias, equipos y herramientas en general por G. 173.850.000, en las facturas los campos de la descripción no detallan los materiales, insumos, productos, tampoco la cantidad ni el precio unitario.

El equipo auditor de la CGR conformó el jefe Gustavo Bareiro, coordinador; Jorge Petrengill, supervisor; Haydee Ruíz Díaz de Acosta y los demás auditores Silvina Galeano Acosta, Myrian Aguilera y Clara Recalde.

El intendente local también está enfrentando un proceso de pedido de intervención. Para el efecto, el viernes está convocado a las 13:00 para ir a realizar su descargo correspondiente ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. El mismo, hasta las elecciones generales, estuvo con el Movimiento Colorado Fuerza Republicana, pero ahora para tratar de salvarse de la intervención pasó a carpas del Movimiento Honor Colorado, de la mano del diputado local, Héctor Bocha Figueredo.

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