La Contraloría remitió a Jorge Bogarín varias inconsistencias en sus declaraciones juradas, que deben ser respondidas en un plazo de 10 días hábiles. El director de la institución, Armindo Torres, confirmó que el plazo vence el 18 de julio, es decir de mañana en una semana.
Por prudencia, Torres evitó entrar en detalles sobre los resultados de este informe. “Tratamos de seguir y descubrir el origen del dinero y si el crecimiento patrimonial se encuentra justificado o no”, respondió.
Agregó además que incluso hicieron consultas sobre algunos depósitos realizados por la madre del miembro del Consejo de la Magistratura, pero las entidades respondieron que ya se sobrepasó el plazo de cinco años que les compete resguardar esa información.
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No obstante, en el caso de Bogarín, señaló que no encontraron cierta documentación relacionada al examen de correspondencias, por lo cual estarán aguardando la contestación en el plazo mencionado, para poder emitir un dictamen final.
“El informe no podemos publicar porque es confidencial. Ya nos llamaron la atención por eso y lo vamos a estar reflejando en el informe”, añadió en otro momento.
“Una vez recibida la respuesta de Bogarín, vamos a sacar la conclusión y derivar a Fiscalía, porque es pedido de la Fiscalía el examen de correspondencia”, puntualizó.
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Los presuntos hallazgos de la Contraloría
Según el documento al cual accedió ABC Color, en el examen de correspondencias de Jorge Bogarín se detallan siete hallazgos sobre el declarado como “significativamente corrupto” para Estados Unidos, que van desde inconsistencias en sus egresos, ahorros a la vista y plazo fijo no declarados hasta un inmueble sin rastros e inusuales acreditaciones en una de sus cuentas.
Una de las observaciones hace referencia a depósitos a plazo fijo y una caja de ahorro a la vista en la Cooperativa de Funcionarios Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (Cofudep) que no fueron declarados ante el ente de control. El monto global llega a G. 2.090 millones, de los cuales solo el depósito por G. 909.280.961 declaró ante el ente de control como un “adelanto de herencia”.