María Antonieta Gamarra no incluyó las acciones que posee en la firma ARIFAR - División Logística SA en ninguna de las declaraciones juradas de bienes y renta (DDJJ) que presentó ante la Contraloría General de la República (CGR).
Así se desprende de los documentos que el ente contralor publica a través de su página web.
Tres documentos, cero mención
De acuerdo con los datos de la web de la CGR, Gamarra de Velázquez presentó una manifestación de bienes en 2017 y otras dos en 2020, año en el que asumió como titular de Dinavisa.
En los documentos declaró no tener dinero en efectivo, una cuenta bancaria con unos G. 150 millones, tres inmuebles ubicados en Fernando de la Mora y valorados en G. 2.100 millones.
Además declaró vehículos por G. 630 millones. No declaró deudas ni ningún otro tipo de pasivo.
Otro dato que no incluyó en sus DDJJ son las acciones que posee en la firma ARIFAR - División Logística SA. Una empresa en la que, según ella misma reconoció a ABC Color el lunes, sigue teniendo participación accionaria.
La presentación de las manifestaciones de bienes es una obligación establecida en la Constitución Nacional y reglamentada por la Ley 5033.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la Ley 5033, que regula la presentación de las DD.JJ. por parte de los funcionarios públicos, estos documentos deben contener: “La consignación, a la fecha de la declaración, de la totalidad de los activos y pasivos, y de los ingresos y gastos, debidamente especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero...”.
La empresa tiene como accionista a María Antonieta Gamarra de Velázquez, titular de Dinavisa, y su hermano, Carlos Gamarra Mir.
Así consta en la Dirección de Sociedades de la Abogacía del Tesoro, de acuerdo a fuentes y documentos a los que tuvo acceso ABC.
El vínculo también fue confirmado gracias a una lista de beneficiarios finales que fue divulgada por la señalada institución gracias a un pedido de acceso a la Información promovido por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
Según informes comerciales, la empresa fue registrada en 2010 con un capital social de G. 200 millones. Como presidente aparece Édgar Villalba y como director Carlos Gamarra Mir, el hermano de la titular de Dinavisa.
La firma se dedica a la “importación y distribución de especialidades farmacéuticas, cosméticos y afines”.
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De acuerdo a las fuentes oficiales, la titular de Dinavisa sigue figurando como beneficiaria final de la sociedad. De acuerdo al artículo 12 de la ley 6788 Orgánica de la institución, el director de la misma no puede tener vínculo directo o indirecto con empresas del rubro.
Consultada al respecto, Gamarra había señalado inicialmente el lunes a nuestro diario que la empresa sí estaba en sus declaraciones juradas. Aunque luego afirmó que lo que hizo constar es el inmueble en el cual se levanta el depósito de la firma de su familia, depósito que es alquilado a empresas farmacéuticas.
Sobre las acciones, al ser consultada nuevamente, Gamarra dijo el lunes no recordar si las mismas estaban o no en sus declaraciones juradas.
Ya no está activa, dice
La empresa ligada a la titular de Dinavisa y su familia oferta “Asesoría en Registros Sanitarios, Normas GMP y afines”. Los datos aparecen bajo un pequeño apartado de “Consultoría” en la web arifar.com.py, sitio que seguía en pie hasta el cierre de nuestra edición.
Sobre este punto, Gamarra dijo el lunes que el servicio de consultoría no es ofrecido hace ya varios años.
“Las acciones están en venta hace rato y nadie quiere comprar una empresa que no factura, tiene una utilidad de 10 millones y factura 30 por mes”, señaló ayer vía WhatsApp la titular de Dinavisa.
Sin embargo, reconoció que la firma sigue alquilando depósito a firmas farmacéuticas y de otros rubros.
Ministerio de Salud ordena investigación
Julio Borba, ministro de Salud, confirmó ayer a ABC Color que ordenó la apertura de una investigación tras las publicaciones de nuestro diario sobre los vínculos de la titular de Dinavisa con una empresa del rubro que ella controla.
Borba señaló que la investigación fue abierta ya ayer en horas de la mañana y quedó a cargo de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública.