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El profesor Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores de instituciones Educativas (Sinadi), lamentó la situación que amenaza con el cierre de 16 centros educativos que dependen el 100% de la Gobernación de Central, administrada por el cartista y exanimador de fiestas Hugo Javier González Alegre. El presupuesto que se necesita para este año es de unos G. 4.200 millones.
“Las instituciones están cerrando. No hay respuestas firmes del gobernador de Central, que es un sinvergüenza, está imputado. Entonces, él se lava las manos. Lo que pasa es que nadie quiere darle créditos por su sinvergüencía, así nomás es”, sostuvo el profesor Marecos.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) fue modificado con base en un proyecto presentado por la senadora colorada Blanca Ovelar (exministra de Educación), quien propuso que los fondos del rubro 800 (transferencias) que reciben las 17 Gobernaciones sean reasignados al rubro de construcciones “para su mejor control”.
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El recorte presupuestario fue debido al despilfarro de los recursos económicos cometido por las Gobernaciones y Municipalidades en complicidad con las oenegés.
Uno de los primeros escándalos que tomó estado público involucra al gobernador cartista Hugo Javier González Alegre, quien fue imputado en noviembre pasado por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, al intentar justificar con facturas clonadas la ejecución de G. 6.382 millones (US$ 1 millón), del fondo Covid-19.
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Las millonarias transferencias del rubro 800 hechas por las instituciones departamentales eran destinadas a organizaciones sin fines de lucro, evadiendo la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas para evitar rigurosos controles posteriores.
La proyectista Ovelar no tuvo en cuenta que la Gobernación del departamento Central tiene a su cargo solventar los gastos de 16 centros educativos departamentales municipales donde más de 2.000 jóvenes de escasos recursos asisten en especialidades técnicas como informática y otras.
El desembolso que reciben las casas de estudios es destinado al pago del salario de aquellos docentes que no tienen rubro ministerial, para los guardias de seguridad, limpiadoras, gastos corrientes y otros.
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“Nosotros lo que estamos planeando es hablar con integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, cuyos miembros son Blanca Ovelar (proyectista del recorte de fondos) y Esperanza Martínez, para ver si podemos recuperar (el recurso) porque son más de 2.000 estudiantes los afectados. A esta altura del año cerrar escuelas de estos jóvenes traerá mucha deserción porque no se van a ir a otro lugar”, dijo el docente.
Alumnos, padres, docentes y directores de los centros educativos llegaron hasta la Cámara de Senadores para que sus reclamos sean escuchados. Varios parlamentarios se comprometieron con analizar la situación y brindar una solución lo antes posible para los estudiantes de Central, afirmó la profesora Margarita Guerrero.
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Senado estudiará habilitar nuevamente trasferencias
El Senado postergó el estudio del proyecto de ley que modifica el presupuesto general y devuelve a las gobernaciones la posibilidad de transferir dinero a comisiones vecinales, ONG y otras instituciones. La senadora Desirée Masi (PDP) planteó pedir informes a la SET antes de tratar el tema.
El proyecto de ley que disponía restablecer la posibilidad de que las gobernaciones transfieran dinero figuraba para su estudio en el orden del día de la sesión del Senado del pasado jueves, con dictámenes a favor de la aprobación con modificaciones, por un lado, y por el rechazo, por el otro.
La senadora Masi advirtió que el Senado no podía cargar con la culpa de rehabilitar esta práctica, dados los antecedentes de posibles hechos de corrupción en las gobernaciones que se hicieron públicos.
La propuesta presentada por los senadores colorados Juan Darío Monges y Silvio Ovelar y los liberales Amado Florentín y Abel González motivó polémica, ya que la eliminación de las transferencias apuntaba a cortar el despilfarro en el que incurrieron gobernadores, como Hugo Javier González, de Central, que utilizaban ese mecanismo para beneficiar a personas vinculadas a ella y evadir los controles.