Así denunció el profesional en una nota que remitió ayer a la fiscal general del estado, Sandra Quiñónez, en la que pidió que se investigue la estafa del metrobús, donde el BID ha incurrido en un hecho de “colusión,” prácticas prohibidas por las “políticas operativas” del propio banco, que son las normas por el cual se rigen los contratos de préstamos que otorga.
“Ante esta situación la empresa Mota Engil debería presentar la denuncia contra el banco, no contra la República del Paraguay, de ahí que solicito a la Fiscal General del Estado la apertura de la Investigación del accionar de los funcionarios públicos, pues la denuncia de la empresa Portuguesa a un Arbitraje en contra del Paraguay tiene que ser rechazado por los motivos expuestos y que están documentados en la ley de préstamo y en la extensa investigación realizada por el MICI del BID en Washington”, expresó el ingeniero en su escrito.
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Asimismo, resaltó que luego de cuatro años de investigación el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, cerró el 27 de mayo de 2021 la investigación de la denuncia donde se detallan las irregularidades detectadas en la ejecución del contrato, siendo el principal responsable el Banco Interamericano de Desarrollo, considerando que todas las acciones ejecutadas en el contrato son aprobadas única y exclusivamente por los funcionarios de la multilateral, designados al proyecto, detallado en su totalidad por las “políticas operativas del banco” y no por las leyes vigentes en Paraguay.
“El Contrato de Préstamo aprobado por el Congreso Nacional, con el BID, deroga expresamente las leyes vigentes en el Paraguay y establece que toda la ejecución del contrato se rige por las normas del BID establecidas en el documento GN-2349-7 políticas operativas del banco”, se lee en el escrito.
Dijo que por este motivo fue presentada la “denuncia de violación de las Políticas Operativas” en la Central del Banco en la ciudad de Washington de Estados Unidos de América.
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Pedido de Mota Engil en arbitraje aumentó a US$ 35 millones
En un documento que el procurador, Juan Rafael Caballero, remitió al ministro del MOPC, Arnoldo Wiens, advirtió que el monto reclamado por Mota Engil en el arbitraje del fallido metrobús aumentó a US$ 35 millones. En principio la firma portuguesa pedía US$ 25 millones, pero ahora quiere cobrar más, pese a que dejó una avenida destrozada. Las autoridades no explican porqué la empresa portuguesa pidió más dinero ante el tribunal y el procurador Caballero sigue manteniendo con hermetismo el caso del metrobús.
El arbitraje entre Mota Engil y el Estado se lleva adelante bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), también denominada Uncitral, por sus siglas en inglés. El proceso tiene como sede Asunción, aunque Mota buscó en su momento que se desarrolle en Chile, violando el contrato. El Tribunal se conformó en el 2020. Mota cobró US$ 30 millones, pero no avanzó ni la mitad del plan. Además dejó una avenida destrozada y quiere seguir facturando por supuestos “daños” que le generó la obra