Por unanimidad, la Comisión de Legislación, presidida por el liberal Víctor Ríos, y por amplia mayoría la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el colorado Martín Arévalo, coincidieron en recomendar al pleno del Senado aceptar el veto total del Poder Ejecutivo a la ley conocida como de “autoblindaje” o “autobandidaje”.
La normativa reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional de la pérdida de investidura de los parlamentarios. El veto será analizado hoy en la sesión ordinaria del Senado.
El principal punto en cuestión es que la ley aprobada en el Congreso establece como requisito para despojar de su investidura a un parlamentario que debe haber una mayoría de dos tercios de votos, es decir 53 en la Cámara de Diputados y 30 en el Senado.
Sin embargo, el artículo 201 de la Carta Magna no menciona que deba haber una mayoría calificada para la expulsión de su banca a un legislador.
Al no establecerse un número de votos específico, corresponde acudir al artículo 185 de la misma Constitución que señala expresamente: “salvo los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes”.
Ese punto fue el principal argumento del Poder Ejecutivo para vetar la ley.
Para rechazar el veto y dejar firme la normativa, cada cámara debería tener una mayoría absoluta de votos, es decir 23 en el Senado y 41 en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, es un hecho que el veto será aceptado ya que en las comisiones asesoras se lo puso a votación y el dictamen por mayoría aplastante fue el de la aceptación.
Coincidentemente, en ambas comisiones citadas, Asuntos Constitucionales y Legislación, ningún legislador argumentó a favor de la ley y en contra del veto.
En la comisión de Asuntos Constitucionales la colorada oficialista Lilian Samaniego fue la única que manifestó su voto por el rechazo del veto. No expresó argumentos, pero señaló que esperaba que el veto hubiera sido parcial y no total.
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De acuerdo a la Constitución, si no hay mayoría absoluta por la ratificación de la ley, la misma será remitida al archivo, aunque podrá ser tratada en cualquier momento.
De hecho, esta es la segunda vez en este periodo legislativo que se aprueba una ley en los mismos términos y es vetada por el Ejecutivo.
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No obstante, las expulsiones de legisladores concretadas hasta ahora tuvieron una amplia mayoría, como en los casos de los senadores cartistas Víctor Bogado y Óscar González Daher; los liberales María Bajac y Dionisio Amarilla, y el diputado Carlos Portillo (PLRA).